Poggi y Cornejo reforzaron la seguridad regional con tecnología en tiempo real
San Luis y Mendoza inauguraron un centro de control conjunto en Desaguadero para coordinar operativos de seguridad sobre la ruta 7. El sistema incorpora cámaras lectoras de patentes y conexión en tiempo real con bases de datos federales.

Los gobiernos de San Luis y Mendoza inauguraron este viernes el Centro de Control Unificado de Desaguadero, un nuevo puesto de monitoreo y coordinación operativa que permitirá integrar en tiempo real el trabajo de las policías provinciales y las fuerzas federales sobre la ruta nacional 7, uno de los corredores bioceánicos más importantes del país.
El acto estuvo encabezado por los gobernadores Claudio Poggi y Alfredo Cornejo, junto con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y las autoridades de Seguridad de ambas provincias.
La iniciativa forma parte del acuerdo de cooperación regional firmado entre San Luis y Mendoza, al que posteriormente se incorporó San Juan, con el objetivo de fortalecer el combate contra el delito organizado y mejorar la articulación entre jurisdicciones.
El nuevo centro cuenta con tecnología de monitoreo capaz de identificar automáticamente las patentes de todos los vehículos que atraviesan el límite provincial mediante cámaras lectoras conectadas a bases de datos nacionales.
Según explicaron las autoridades, el sistema permite contrastar la información en tiempo real con pedidos de secuestro, alertas judiciales y registros vinculados a investigaciones criminales. Cuando se detecta una coincidencia, se genera una alerta inmediata para la intervención de las fuerzas de seguridad.
Durante la inauguración, Poggi destacó la importancia de la coordinación regional para enfrentar las nuevas modalidades delictivas.
“Del otro lado, el delito está organizado, pensando dónde puede penetrar. No nos podemos dar el lujo de no estar organizados y trabajar unidos para el cuidado de todos los ciudadanos”, sostuvo el mandatario puntano.
El gobernador de San Luis también vinculó la política de seguridad con el desarrollo económico y remarcó la necesidad de generar condiciones de estabilidad para atraer inversiones privadas.
“¿Quién va a invertir en un lugar en el que reina el narcotráfico? Si nadie invierte, no hay trabajo. Y el trabajo es el ordenador social por excelencia”, afirmó.
En declaraciones posteriores a la prensa, Poggi resaltó además el carácter estratégico de la ubicación del centro sobre la ruta 7, corredor clave para el transporte y el comercio regional.
“La ruta 7 es una ruta bioceánica que llega al resto de la Argentina. Por eso el impacto que tenemos en este control regional va a tener un impacto también en el resto del país”, señaló.
Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación consideró que el nuevo esquema representa un modelo de cooperación federal en materia de seguridad.
“La integración, la cooperación y la coordinación entre las provincias es algo que trabajamos, fortalecemos e impulsamos desde Nación porque entendemos la seguridad como un ejercicio federal”, expresó Monteoliva.
La funcionaria nacional agregó que el delito “no reconoce límites provinciales” y sostuvo que la respuesta estatal debe apoyarse en tecnología, intercambio de información y operativos conjuntos.
En la misma línea, Cornejo aseguró que las organizaciones criminales deben enfrentarse a “un Estado organizado” y adelantó que Mendoza buscará replicar este tipo de sistemas de control en otros puntos limítrofes con San Juan, Neuquén y La Pampa.
La ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, explicó que el edificio funcionará como una base conjunta para las policías de ambas provincias y las fuerzas federales, además de incorporar áreas especializadas en narcotráfico e inteligencia criminal.
El Centro de Control Unificado posee una superficie de 244 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y cuenta con oficinas operativas, guardia, celdas y salas de monitoreo permanente.
Además, el sistema quedó integrado al Anillo Digital Federal, la red nacional que permite detectar en tiempo real vehículos con pedidos de secuestro y otros requerimientos judiciales para coordinar respuestas entre distintas fuerzas de seguridad.
