Caso El Caburé: denuncian maniobras para desplazar a las querellas
La causa judicial por el presunto desvalijamiento del establecimiento rural “El Caburé”, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción estatal en San Luis, sumó un nuevo capítulo de tensión institucional luego de que la Fiscalía de Estado solicitara excluir a las querellas particulares de la investigación penal.
El pedido fue cuestionado duramente por el abogado Pascual Celdrán, exrepresentante de uno de los damnificados, quien denunció que existe un intento de “consagrar la impunidad” y dejar el expediente bajo el control exclusivo de estructuras estatales vinculadas al oficialismo provincial.
La presentación fue realizada por el representante de la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, en el marco de una causa donde se investigan presuntos delitos de hurto calificado, abuso de autoridad y peculado.
En el escrito, el organismo pidió apartar de la causa al damnificado Enrique Vaira —hasta hace poco representado por Celdrán— y al propio establecimiento “El Caburé”, argumentando que las querellas sostienen una teoría del caso “incompatible” con la del Ministerio Público Fiscal y que sus acusaciones paralelas podrían afectar “el principio de congruencia y el derecho de defensa del imputado”.
La decisión generó fuertes críticas de Celdrán, quien aseguró que la maniobra confirma las advertencias que había realizado tras renunciar a la representación de los damnificados.
“Cuando están intentando cerrar la maniobra, la propia Fiscalía de Estado pide que saquen a las querellas de la causa para continuar el manejo notorio y evidente”, sostuvo el letrado a través de sus canales de comunicación.
El abogado también cuestionó que el organismo encargado constitucionalmente de defender el patrimonio estatal invoque la protección de los derechos de funcionarios acusados de delitos contra el propio Estado provincial.
Según la denuncia de Celdrán, detrás de la presentación existiría un entramado coordinado entre sectores judiciales y políticos. En ese sentido, apuntó contra Víctor Endeiza y mencionó además al procurador provincial Sebastián Cadelago Filippi.
La causa investiga la desaparición de una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares mientras el campo permanecía bajo custodia estatal tras un controvertido proceso de expropiación.
Durante ese período, la responsabilidad legal sobre el predio recaía sobre Ricardo André Bazla, entonces titular de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis.
La investigación judicial sostiene que Bazla no habría actuado solo y que existiría una estructura de funcionarios y colaboradores involucrados en el retiro y comercialización irregular del grano.
Entre los nombres señalados en el expediente aparece también Diego Amondaraín, asesor y hermano del ministro de Gobierno provincial, Gonzalo Amondarain, quien habría aportado logística y asesoramiento para mover el cereal sin la documentación fiscal correspondiente.
Asimismo, el expediente menciona al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, bajo sospecha de haber confeccionado documentación presuntamente falsa para dar respaldo administrativo a los procedimientos realizados sobre el establecimiento.
Otro de los apuntados es el productor rural Francisco Anselmi, cuyas declaraciones judiciales quedaron bajo análisis por supuestas contradicciones detectadas durante la investigación.
Con el pedido de exclusión de las querellas ya presentado, ahora la Justicia provincial deberá resolver si mantiene la participación de los damnificados o si la acusación quedará exclusivamente en manos del Ministerio Público y la Fiscalía de Estado.
La definición aparece como un punto clave dentro de una causa que mantiene bajo presión al sistema político y judicial de San Luis por el alcance de las acusaciones y los funcionarios involucrados.
