El «Súper RIGI» llega la próxima semana: Ganancias al 15%, retenciones cero y un escudo jurídico
El «Súper RIGI» llegará al Congreso la próxima semana: Ganancias al 15%, retenciones cero y sin aranceles para importaciones en sectores como litio, hidrógeno verde y reactores nucleares. Las provincias que se adhieran deberán limitar Ingresos Brutos al 0,5%. El Gobierno blindó el texto jurídicamente para evitar impugnaciones judiciales.

El Gobierno ultima los detalles del proyecto denominado «Súper RIGI» y prevé enviarlo al Congreso la próxima semana, una vez que concluyan las revisiones técnicas y legales pendientes. La iniciativa, impulsada por el equipo del ministro Luis Caputo y con el respaldo directo de Javier Milei, busca ampliar los beneficios fiscales y aduaneros del régimen de inversiones vigente para captar proyectos productivos de gran escala en sectores estratégicos.
El borrador contempla una reducción de la alícuota de Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, eliminación de aranceles para importaciones vinculadas a proyectos y retenciones cero para exportaciones desde el inicio de las operaciones. Los sectores apuntados incluyen la cadena del litio, fabricación de baterías, hidrógeno verde, gas natural licuado, reactores nucleares pequeños, industria aeroespacial, vehículos eléctricos, energía renovable, petroquímica y fertilizantes.
El proyecto también incluye condiciones para las provincias y municipios que quieran adherirse: las jurisdicciones deberán comprometerse a limitar Ingresos Brutos a menos del 0,5% y a desligar las tasas municipales del nivel de ventas. Ese punto anticipa una negociación política compleja con gobernadores e intendentes, que verían reducida su autonomía tributaria local a cambio de participar del esquema.
En paralelo, el equipo jurídico de la Casa Rosada trabaja para blindar el proyecto frente a posibles impugnaciones judiciales, un frente que el oficialismo aprendió a cuidar luego de los problemas que enfrentó la reforma laboral y otras iniciativas. También se definen el monto mínimo de inversión requerido y la estrategia parlamentaria para su tratamiento en el Congreso.
