
Por Alejo Pombo
El exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías afirmó que el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revierte la condena económica contra la Argentina por la reestatización de YPF, representa un alivio significativo para las finanzas públicas y fortalece la posición institucional del país.
“Yo pondría a la Argentina en primer lugar sin ninguna duda, a la Argentina de hoy y de las generaciones futuras”, señaló al analizar quién resulta más beneficiado por la decisión judicial. Según explicó, la sentencia de primera instancia implicaba “un monto sideral que comprometía seriamente las finanzas del país”, por lo que la reversión del fallo tiene impacto directo en términos macroeconómicos.
El exfuncionario consideró que el beneficio también alcanza de manera indirecta a la petrolera estatal. “Definitivamente la Argentina en primer lugar, en segundo lugar de manera indirecta YPF”, indicó, al advertir que la compañía también podría haberse visto alcanzada por eventuales responsabilidades en una segunda instancia.
“Una política de Estado”
Saravia Frías sostuvo además que el fallo trasciende el aspecto económico y refuerza la previsibilidad institucional del país. “Hay algo más que no se está terminando de ver: el valor que esto tiene como política de Estado”, remarcó.
En esa línea, destacó la continuidad de la estrategia jurídica a lo largo de distintos gobiernos. “La política de Estado es un país que es consistente en el tiempo, que es serio. Un país que cambia de posición de manera permanente es poco serio y no atrae inversiones”, advirtió.
El exprocurador explicó que la Cámara respaldó la defensa argentina basada en la primacía del derecho público local. “La Cámara toma como referencia la Ley de Sociedades argentina de un lado y la Constitución Nacional del otro”, detalló, y subrayó que se trató de un caso excepcional porque “era un juez americano aplicando la ley argentina”.
El proceso aún no terminó
Saravia Frías aclaró que la causa todavía no está completamente cerrada, ya que la parte demandante podría intentar recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos. No obstante, consideró que esa posibilidad es limitada. “Las posibilidades son remotas, pero el proceso todavía no está terminado”, sostuvo.
También evaluó como poco probable que la Argentina obtenga un resarcimiento por gastos legales, al señalar que “no hubo ninguna falta o infracción que dé lugar a la posibilidad de un reclamo por desarcimiento”.
Finalmente, destacó el trabajo sostenido de la defensa estatal desde 2017 y el rol institucional de los organismos involucrados. “Esto muestra que hay instituciones que funcionan muy bien, como la Procuración del Tesoro y los abogados del Estado a lo largo de tres gobiernos diferentes”, afirmó.
Según concluyó, la decisión judicial fortalece la credibilidad del país ante inversores internacionales y mejora su posicionamiento a mediano y largo plazo. “Se proyecta más allá de las finanzas, a la posición y al ‘standing’ que tiene la Argentina en el mundo, y eso tiene un beneficio muy grande”, señaló.
