Torturas, motín en la cárcel y paradero desconocido: la CIDH exigió medidas urgentes por el argentino detenido en Venezuela
La CIDH adoptó la Resolución 32/2026 y otorgó medidas cautelares al abogado argentino Germán Giuliani, detenido en Venezuela desde mayo de 2025. El organismo advirtió que su vida, integridad y salud están en «riesgo de daño irreparable» y obligó al Estado venezolano a confirmar su ubicación, garantizar atención médica y permitir contacto con su familia y abogados.
Casi un año después de su detención, con denuncias de torturas, periodos de incomunicación y un motín en la cárcel donde está recluido, la CIDH intervino por el argentino Germán Giuliani y obligó a Venezuela a actuar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó el 27 de abril la Resolución 32/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor del abogado argentino Germán Darío Giuliani, detenido en Venezuela desde mayo de 2025. El organismo, con sede en Washington, concluyó que Giuliani se encuentra en una situación de «gravedad y urgencia» y que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en «riesgo de daño irreparable». La resolución obliga al Estado venezolano a adoptar medidas inmediatas.
La CIDH emitió la decisión en un momento particularmente crítico: el 20 de abril, apenas una semana antes, se produjo un motín en el Complejo Penitenciario de Yare III — donde Giuliani estaría recluido — que dejó al menos cinco fallecidos y agudizó la incertidumbre de su familia sobre su paradero y estado de salud.
Qué le exige la CIDH a Venezuela
La resolución enumera obligaciones concretas. Venezuela deberá confirmar formalmente la ubicación actual de Giuliani; garantizar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales, incluidas alimentación suficiente y agua potable; disponer una evaluación médica inmediata con tratamiento especializado; permitir la comunicación con sus familiares, abogados de confianza y autoridades consulares argentinas; informar si fue imputado por algún delito y ante qué tribunal; y garantizar que no sea objeto de violencia, amenazas ni agresiones dentro del centro penitenciario. También se solicitó que se investiguen los hechos que motivaron la cautelar para evitar su repetición.
Un caso con historial de incomunicación
Giuliani viajó a Venezuela en abril de 2025 por trabajo y fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de ese año. Según consta en el expediente ante la CIDH, los primeros doce días posteriores al arresto su familia no recibió ninguna información oficial sobre su paradero, período que calificó como una desaparición forzada inicial. Más tarde supieron que estaba recluido en el Comando Militar de Las Acacias, luego trasladado a Yare II y posteriormente a Yare III, aunque sin confirmación institucional estable en ninguna de las etapas.
La presentación ante el organismo describe denuncias de golpizas, amenazas y presuntos actos de tortura durante su cautiverio. La CIDH consideró esos indicios suficientes para dictar medidas urgentes. El documento incorpora además declaraciones públicas de Diosdado Cabello, quien afirmó que Giuliani fue capturado «en alta mar, en un velero» y que «iba a buscar a un narcotraficante». Se lo vinculó con acusaciones de terrorismo y narcotráfico, aunque no existen precisiones judiciales públicas conocidas ni se especificó ante qué tribunal sería juzgado.
Quiénes impulsaron la medida
La solicitud de medidas cautelares fue presentada por los juristas argentinos Pedro Pusineri, especializado en derecho internacional a víctimas de persecución política, y Diego Armesto, abogado constitucionalista y docente universitario. La resolución también extiende medidas cautelares al venezolano-chipriota César Omaña Alcalá y a su padre, con especial preocupación por denuncias de desnutrición severa, torturas y amenazas directas.
La reacción del Gobierno argentino
La Cancillería argentina emitió un comunicado valorando la decisión de la CIDH y calificando la detención de Giuliani como ilegal. Reiteró su reclamo por la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas o arbitrarias en Venezuela. Giuliani es actualmente el único ciudadano argentino detenido por el régimen chavista, tras la liberación reciente de otros compatriotas. Su esposa, Virginia Rivero, exige públicamente pruebas de vida; su hermana Vanesa lidera las movilizaciones en el exterior para visibilizar el caso, incluyendo protestas frente a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para solicitar la mediación de Donald Trump.
