Se debate la Ley Bases en el Senado: el Gobierno confía en tener los votos, pero hay puntos en los que aún no hay acuerdo
Por Gabriel Rodriguez
En una sesión especial maratónica que comenzará a las 10 de la mañana de este miércoles, el Senado debatirá la Ley Bases y el Paquete Fiscal, dos iniciativas claves para el Gobierno Nacional. La discusión promete ser álgida, ya que aún no se han alcanzado acuerdos en varios artículos centrales entre la coalición oficialista de la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.
Uno de los capítulos más controvertidos es la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para eliminar, fusionar o disolver organismos públicos. Aunque se han protegido ciertos entes, muchos legisladores se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei. Entre los organismos que no pueden ser afectados se encuentran el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), entre otros.
El Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI), destinado a atraer grandes inversiones mineras y petroleras con beneficios fiscales y aduaneros, también genera debate. Aunque se han introducido cambios para fomentar el desarrollo de empresas locales, muchos legisladores consideran que estas modificaciones no son suficientes y que el RIGI podría perjudicar a las empresas nacionales.
La propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas enfrenta oposición, especialmente en el caso de Aerolíneas Argentinas. Entre las empresas que se pretende privatizar están también Radio y Televisión Argentina, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa). Además, se propone la concesión parcial de otras empresas como Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A., y la Sociedad Operadora Ferroviaria.
En cuanto a la reforma del impuesto a las ganancias, se busca que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia con sueldos brutos superiores a 1.800.000 pesos para solteros y 2.3 millones de pesos para casados. El Senado introdujo un diferencial del 22% en el mínimo no imponible para los trabajadores de las provincias patagónicas.
El capítulo de blanqueo de capitales también ha sido modificado para excluir a quienes ya participaron de este beneficio en 2018, así como a los funcionarios de los últimos diez años y sus hermanos, ampliando las restricciones más allá de los familiares directos.
La sesión de este miércoles será crucial para el futuro de estas iniciativas, y la falta de acuerdos en puntos clave podría derivar en modificaciones significativas antes de su posible aprobación.
