San Luis reformaría 20 puntos clave de su Constitución
El Senado avanzó con el proyecto que habilita una reforma parcial de la Constitución de San Luis. La iniciativa propone limitar los mandatos del gobernador, eliminar las elecciones legislativas de medio término y extender hasta 2031 los mandatos de legisladores y concejales elegidos en 2025, además de introducir cambios en Justicia, educación, agua y tecnología.
El Senado de San Luis emitió despacho de mayoría para avanzar con el proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial de 1987. La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, habilita cambios en el Poder Ejecutivo, la Legislatura, la Justicia, el régimen electoral, los organismos de control, la educación y nuevos derechos vinculados con el agua y la tecnología.
El proyecto deberá ser tratado por el Senado y luego por la Cámara de Diputados. Para declarar la necesidad de la reforma se requiere una mayoría especial de dos tercios de los integrantes de cada cámara: seis de los nueve senadores y 29 de los 43 diputados.
Uno de los puntos de mayor impacto político es el futuro de los mandatos legislativos. La propuesta busca eliminar las elecciones de medio término y establecer que Diputados y Senadores se renueven completamente cada cuatro años, en coincidencia con la elección del gobernador.
Para concretar ese cambio, los legisladores elegidos en 2025 extenderían sus mandatos hasta 2031, pese a que originalmente fueron elegidos para permanecer en sus cargos hasta 2029. Lo mismo ocurriría con los concejales municipales elegidos en 2025.
Desde 2031, si la reforma es aprobada, las cámaras legislativas y los concejos deliberantes se renovarían íntegramente cada cuatro años. El objetivo declarado por el oficialismo es concentrar los comicios provinciales y municipales en una única elección general.
El Senado seguirá existiendo
Pese a que Poggi había planteado durante su primer discurso como gobernador la eliminación de la Cámara de Senadores, esa modificación no forma parte del proyecto actual.
La Cámara alta se mantiene dentro del esquema institucional y continuará integrada por un senador por departamento. La principal modificación propuesta consiste en que sus integrantes sean renovados en su totalidad cada cuatro años.
El Senado también conservaría participación en determinadas designaciones. Entre ellas, la iniciativa contempla que el Procurador General y el Defensor General sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara alta.
Límite de dos mandatos para el gobernador
El proyecto habilita una modificación del artículo 147 para establecer una prohibición absoluta de reelección después de dos períodos, sean consecutivos o alternados.
La iniciativa incorpora además una cláusula transitoria que considera el período 2023-2027 de Poggi como su primer mandato a los efectos del nuevo límite. Por lo tanto, si la reforma entra en vigencia y el gobernador es reelegido en 2027, ese sería su último período posible.
El oficialismo sostiene que la cláusula busca establecer reglas claras para el actual gobernador y evitar interpretaciones sobre el cómputo de sus mandatos.
La Legislatura tendría un período de sesiones más extenso
Otro de los cambios previstos alcanza al funcionamiento del Poder Legislativo. El proyecto habilita extender las sesiones ordinarias desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre.
De esta manera, se reduciría el período de receso legislativo y se ampliaría el tiempo durante el cual Diputados y Senadores pueden desarrollar su actividad ordinaria.
El tema ya había sido incluido entre los principales ejes analizados por las comisiones legislativas durante el tratamiento del proyecto.
Una nueva estructura para el Ministerio Público
La reforma también propone separar al Ministerio Público del Poder Judicial y convertirlo en un órgano independiente y extrapoder.
La estructura estaría integrada por una Procuración General y una Defensoría General. El Procurador y el Defensor General serían designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado.
También se crearía un Consejo del Ministerio Público, que intervendría en la selección de fiscales y defensores inferiores, además de un Jurado de Destitución propio.
Cambios en el Consejo de la Magistratura
El proyecto habilita modificar la integración del Consejo de la Magistratura e incorporar representantes de la academia y del Senado.
El organismo debería elaborar órdenes de mérito a partir de concursos y elevar ternas al Poder Ejecutivo. El gobernador tendría que respetar el orden propuesto, aunque podría apartarse de él por motivos fundados.
La iniciativa también establece que jueces y funcionarios del Ministerio Público deberían permanecer al menos cuatro años en sus cargos antes de acceder a nuevas funciones.
La reforma en materia judicial fue uno de los ejes que generó reuniones específicas entre legisladores y autoridades del Poder Judicial durante el tratamiento parlamentario.
Los 75 años como límite para jueces
Otro de los puntos habilitados establece un límite de 75 años para la permanencia de integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas.
La propuesta incluye una cláusula transitoria para que la nueva limitación se aplique a quienes sean designados después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución.
Los actuales funcionarios conservarían su situación bajo las condiciones establecidas por la Constitución de 1987.
El agua como derecho humano
El proyecto propone incorporar al agua como derecho humano y recurso estratégico de la provincia.
También contempla la creación de una autoridad técnica específica, designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, con un mandato de cinco años que no coincidiría con los períodos de los poderes políticos.
Balotaje para gobernador
Entre las modificaciones electorales aparece además la posibilidad de establecer una segunda vuelta para elegir gobernador y vicegobernador.
El objetivo planteado en el proyecto es otorgar mayor legitimidad popular a la fórmula que resulte electa.
La reforma electoral también incluye la eliminación de las elecciones legislativas de medio término y la renovación total de las cámaras en coincidencia con los comicios para gobernador.
Inteligencia artificial, datos y conectividad
La iniciativa incorpora entre los temas habilitados una regulación constitucional de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.
El proyecto contempla derechos vinculados con la identidad digital, la protección de datos personales frente al uso de algoritmos, la dignidad humana y el acceso universal a la conectividad.
También plantea incorporar el hábeas data como mecanismo constitucional y reforzar principios relacionados con el acceso a la información pública, el gobierno abierto y la transparencia.
Educación obligatoria desde los tres años
La reforma habilita modificar el artículo 75 para establecer la obligatoriedad de la educación desde los tres años y de la escuela secundaria.
También propone actualizar la redacción constitucional y reemplazar la referencia a «hombre» por «ciudadano» en el artículo 72.
Tribunal de Cuentas y juicio político
El proyecto contempla cambios en la integración del Tribunal de Cuentas y amplía el listado de funcionarios que podrían ser sometidos a juicio político.
Entre ellos figuran integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Procurador General, el Defensor General, el Fiscal de Estado, el Contador General y la autoridad responsable de la administración del agua.
Capitales alternas y relaciones con otras jurisdicciones
La iniciativa también habilita la creación de capitales alternas mediante una ley especial de la Legislatura.
Cuando el gobernador y su gabinete se trasladen a una de esas localidades, la ciudad podría asumir temporalmente el carácter de capital provincial.
Además, el proyecto contempla una cláusula federal y habilita a San Luis a establecer relaciones de cooperación e inversión con otras jurisdicciones, dentro de los límites fijados por la Constitución Nacional.
Presupuesto: cambia la fecha de presentación
Otra modificación apunta al calendario presupuestario. La propuesta habilita extender hasta el 30 de septiembre el plazo para que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de Presupuesto provincial.
Actualmente, la Constitución establece como fecha límite el 31 de agosto.
¿Cómo se elegirá a los convencionales?
La Convención Constituyente estaría integrada por 52 convencionales, la misma cantidad de legisladores que conforman actualmente la Legislatura provincial.
La distribución seguiría el peso legislativo de cada departamento: Pueyrredón y Pedernera elegirían 11 convencionales cada uno; Ayacucho y Chacabuco, cinco; Belgrano, Coronel Pringles, Gobernador Dupuy, Junín y San Martín, cuatro cada uno.
La elección se realizaría en la próxima elección provincial general y los convencionales utilizarían el mismo sistema electoral previsto para los diputados provinciales. El proyecto establece además que deberán reunir las mismas condiciones que los legisladores.
El número de 52 convencionales coincide con la composición total de la Legislatura, tal como explicó el vicegobernador Ricardo Endeiza durante la presentación del proyecto.
La Convención tendrá límites y plazos
La Convención deberá comenzar a sesionar dentro de los 30 días posteriores a la proclamación de sus integrantes.
Tendrá 60 días para completar su trabajo, con la posibilidad de una única prórroga de 30 días. Si transcurre ese plazo sin que concluya su tarea, la Convención se disolverá y las modificaciones no producirán efecto.
El proyecto también establece que los convencionales solo podrán modificar los temas expresamente habilitados por la ley de necesidad de reforma. Cualquier cambio que exceda ese marco será considerado nulo.
La Convención, además, podrá decidir no modificar alguno de los artículos cuya reforma haya sido habilitada.
Qué pasará con los legisladores electos en 2025
El punto que tendrá un efecto inmediato sobre la política provincial es la cláusula transitoria vinculada con los mandatos actuales.
Los diputados, senadores y concejales que fueron elegidos en 2025 y cuyos períodos terminan en 2029 continuarían en sus cargos hasta 2031. De esta forma, la eventual reforma evitaría una elección legislativa de medio término en 2029.
A partir de 2031 comenzaría el nuevo esquema: renovación total de Diputados, Senadores y concejos deliberantes cada cuatro años, junto con la elección del gobernador.
El proyecto de reforma constitucional comenzó formalmente su recorrido legislativo en abril y durante los meses siguientes las comisiones analizaron los distintos capítulos vinculados con el Poder Legislativo, la Justicia, los organismos de control, el régimen electoral y otros aspectos institucionales.
El próximo paso será el tratamiento legislativo de la declaración de necesidad de reforma. Si obtiene las mayorías requeridas, se pondrá en marcha el proceso para elegir a los 52 convencionales que tendrán a su cargo definir qué modificaciones finalmente ingresarán al texto de la Constitución de San Luis.
