San Luis cerró 2025 con un superávit fiscal de $43.800 millones

El Tribunal de Cuentas de San Luis informó que la provincia cerró el ejercicio 2025 con un superávit operativo de $43.809,9 millones y remitió a la Cámara de Diputados su informe preliminar sobre la Cuenta de Inversión, que será tratada este miércoles. El organismo destacó que, por segundo año consecutivo, las cuentas públicas dejaron atrás el déficit registrado durante el último quinquenio.

Según el informe presentado ante la Legislatura, los recursos totales de la Administración Central y Descentralizada alcanzaron los $1,94 billones durante 2025, mientras que los gastos sumaron $1,89 billones. La diferencia generó un resultado positivo de $43.809.942.987, de los cuales $35.009 millones correspondieron a la Administración Central.

La Cuenta de Inversión será analizada este miércoles por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayoría para avanzar con su aprobación en primera instancia. Este martes se emitieron dos dictámenes: uno de mayoría y otro de minoría presentado por sectores opositores.

El tratamiento legislativo tendrá una extensión mayor a la habitual debido al volumen del informe. Por ese motivo, se prevé que la sesión comience más temprano para finalizar antes del partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

En sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas atribuyó el resultado financiero a una «gestión responsable» y señaló que la provincia logró corregir una estructura de gastos que, según el organismo, había superado las posibilidades reales de financiamiento durante años anteriores.

El informe también destacó que el equilibrio alcanzado permitió cumplir con la Ley N° V-1164-2025, que estableció la creación de una Reserva Salarial y Social. Durante 2025, ese fondo fue incrementado hasta alcanzar un monto equivalente a dos nóminas salariales y beneficios sociales.

Sin embargo, el organismo advirtió que el escenario económico provincial continúa siendo complejo debido a la disminución de los recursos provenientes del Estado nacional.

Según el análisis incorporado al documento, los ingresos por coparticipación federal y transferencias automáticas estuvieron por debajo de los niveles habituales registrados durante la última década. El Tribunal indicó que la caída fue de 14 puntos porcentuales respecto de las proyecciones iniciales.

La menor llegada de fondos nacionales fue compensada parcialmente por una mayor recaudación tributaria provincial y por los rendimientos obtenidos mediante colocaciones financieras, según explicó el organismo.

En cuanto al destino del gasto, el Tribunal informó que los gastos corrientes representaron el 83% del total ejecutado durante el año. Dentro de la Administración Central, el principal componente fue el pago de salarios, que concentró el 39%.

Además, un 6% del gasto correspondió a transferencias salariales para organismos y empresas estatales, otro 4% a aportes y subvenciones escolares vinculadas a salarios, un 6% a beneficios sociales y un 8% a la coparticipación automática para municipios.

El organismo señaló que cerca de dos tercios del gasto provincial se concentraron en salarios, programas sociales y fondos destinados a municipios, mientras que el resto se distribuyó entre funcionamiento, inversión y obra pública.

Respecto de la inversión, el informe destacó un crecimiento significativo de la obra pública durante 2025. Los gastos de capital representaron el 17% del gasto total y la inversión en infraestructura se triplicó en comparación con el año anterior.

La mayor parte de esos recursos se destinó a la construcción de viviendas, que concentró cerca del 80% de la inversión en obra pública, pese a que la provincia no recibió la totalidad de los fondos nacionales previstos para ese objetivo.

El Tribunal de Cuentas aclaró que el superávit alcanzado no implica la resolución definitiva de los problemas fiscales de San Luis. En sus conclusiones, señaló que la rigidez del gasto corriente y la reducción de los ingresos nacionales continúan limitando la capacidad de acción del Estado provincial.