Por Ale Pombo
El gobierno argentino está considerando un audaz proyecto para eliminar el Impuesto a las Ganancias para los salarios más altos en la economía.
Esto podría llevar al impuesto a un universo de trabajadores similar al que existía en 2001, cuando aproximadamente el 10% de los trabajadores en relación de dependencia estaban alcanzados por el tributo.
En 2001, cuando se introdujo el Impuesto a las Ganancias en Argentina, afectaba a personas con salarios equivalentes a algo más de US$8.300 mensuales, teniendo en cuenta el tipo de cambio de 1 a 1 en ese momento.
El proyecto propuesto por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, buscaría resignar alrededor del 30% de la recaudación del impuesto, lo que equivaldría a una importante reducción de ingresos fiscales. Bajo estos cambios, solo entre 600,000 y 700,000 trabajadores seguirían estando alcanzados por el impuesto.
En los primeros ocho meses del año, el Impuesto a las Ganancias habría aportado alrededor de $1.6 billones a la recaudación total de $5 billones, según datos de la AFIP. Este proyecto de reducción de impuestos, que requiere una ley del Congreso para ser implementado, podría generar preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal.
Además de aumentar el umbral a partir del cual se aplica el impuesto, el proyecto incluiría un mecanismo de ajuste automático de los umbrales y deducciones para compensar la inflación. Actualmente, el umbral real del Impuesto a las Ganancias se encuentra en salarios de más de $171,000 netos mensuales, pero debido a las deducciones, el umbral efectivo es de alrededor de $500,000 mensuales.
El proyecto establece un período de transición para implementar los cambios, ya que el impuesto se calcula anualmente y los cambios deberían entrar en vigencia en enero de 2024. Se desconocen los detalles de este mecanismo de transición, pero el gobierno ha utilizado en el pasado estrategias como ajustar deducciones o postergar vencimientos de anticipos mensuales para lograr la aprobación de leyes fiscales.
Según las estimaciones del Ministerio de Economía, los sectores más beneficiados por la medida serían la industria, defensa, seguridad, enseñanza, administración pública, intermediación financiera y servicios de seguros. Esta iniciativa podría afectar significativamente los ingresos fiscales y provocar debates sobre la sostenibilidad fiscal en Argentina.
