Plan de Energía de San Luis: el Senado aprobó la iniciativa del Gobierno y pasó a Diputados

El Senado de San Luis dio media sanción este martes al Plan Maestro de Energía 2026-2036 para el Desarrollo Humano y Económico Sustentable, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que establece los principales lineamientos de la política energética provincial para la próxima década. El proyecto fue aprobado por mayoría y ahora deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La votación terminó con el respaldo de los cinco senadores oficialistas presentes y el rechazo del único representante de la oposición que participó de la sesión, Hugo Olguín.

El texto aprobado tiene tres artículos. El primero aprueba el Plan Maestro como anexo de la ley; el segundo faculta al Poder Ejecutivo a dictar las normas necesarias para su implementación; y el tercero corresponde a la cláusula de forma.

Como miembro informante, el senador oficialista Adolfo Castro Luna defendió la iniciativa y sostuvo que el Plan “no es catálogo de buenas intenciones”, sino una herramienta para “plasmar una verdadera política de Estado por parte del Gobierno provincial”.

Según explicó, el objetivo es que la planificación energética pueda atravesar distintas gestiones y anticiparse al crecimiento de la demanda durante los próximos diez años.

Castro Luna señaló que el documento fue elaborado a partir de mesas sectoriales y regionales desarrolladas entre 2024 y 2026, con participación de sectores vinculados con la industria, las energías renovables, la minería, la agricultura, el turismo y la producción familiar.

Desde el oficialismo plantearon que el Plan busca reemplazar una política basada en respuestas a las necesidades inmediatas por una planificación de infraestructura orientada a las demandas futuras.

Entre las obras mencionadas durante el debate aparece el cierre del anillo eléctrico del Gran San Luis, destinado a mejorar el abastecimiento y reducir los posibles cuellos de botella del sistema. También se incluyeron el cierre del sistema norte, entre Santa Rosa del Conlara y Candelaria, y la extensión del sistema sur, que permitiría aumentar la potencia disponible en esa región.

Esas obras figuran en el anexo del Plan y no en el articulado principal del proyecto.

El documento se estructura además sobre cinco ejes: eficiencia energética; infraestructura y tecnología; sostenibilidad ambiental; financiamiento; y gobernanza.

Castro Luna también vinculó la planificación energética con las necesidades del sector productivo y sostuvo que el proyecto es “fundamental para que las empresas y los empresarios vean una seriedad en la Provincia en materia de mantener las condiciones para el crecimiento” de la producción y el comercio.

Durante su exposición, el senador oficialista también señaló que San Luis es actualmente “la única provincia del país que no tiene Secretaría de Energía” y planteó la necesidad de avanzar hacia una conducción más unificada y especializada de la política energética provincial.

La oposición acompañó parte del diagnóstico sobre la necesidad de planificar el sistema energético, pero cuestionó la forma jurídica elegida para aprobar el Plan.

Olguín sostuvo que el documento técnico tiene valor, aunque consideró que el proyecto de ley no incorpora herramientas suficientes para garantizar su aplicación y seguimiento.

“El Plan Maestro en su parte técnica es impecable, lo aceptamos, lo valoramos, pero no de esta forma que fue presentada en la ley”, manifestó durante la sesión.

Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con el contenido del articulado. Según el senador opositor, los tres artículos no establecen derechos u obligaciones concretas y se limitan a aprobar el anexo y otorgar al Ejecutivo facultades generales para reglamentarlo.

“Esto ha sido nada más una expresión de voluntad política”, afirmó.

Olguín también cuestionó la ausencia de metas cuantificadas de participación de energías renovables, reducción de emisiones y plazos concretos de cumplimiento. A su criterio, esa falta de precisiones podría dificultar posteriormente el control legislativo sobre el avance del Plan.

El senador comparó la iniciativa con otros planes maestros aprobados anteriormente por la Provincia en áreas como agua y salud, que, según señaló, incorporaban autoridades de aplicación, planes ejecutivos, mecanismos de monitoreo y obligaciones de información periódica ante la Legislatura.

También cuestionó que el bloque opositor no hubiera participado de las mesas previas de elaboración y recordó que el justicialismo había presentado en 2025 un proyecto propio sobre política energética que, según sostuvo, no fue tratado.

“Es más un proyecto de declaración que una ley”, resumió Olguín, quien pidió que la iniciativa regresara a comisión para incorporar metas, autoridad de aplicación, instrumentos de financiamiento, plazos y mecanismos de rendición de cuentas.

El planteo no prosperó y el oficialismo consiguió avanzar con la media sanción. El proyecto deberá ahora ser analizado por la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre el alcance y los mecanismos de implementación del Plan Maestro de Energía 2026-2036.

En la misma sesión, el Senado también convirtió en ley la adhesión de San Luis a la Ley Nacional N° 27.568, que establece el marco general para el ejercicio profesional de la fonoaudiología. La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y fue sancionada sin modificaciones.

La nueva normativa establece al Ministerio de Salud provincial como autoridad de aplicación y fija la obligación de contar con matrícula para ejercer la profesión en San Luis.

Además, regula la intervención de los profesionales de la fonoaudiología en la selección, adaptación y calibración de audífonos y otros dispositivos de ayuda auditiva, junto con determinadas condiciones para los establecimientos que comercialicen estos elementos.

La ley también contempla mecanismos de fiscalización y un régimen disciplinario para el ejercicio profesional.

Quienes ya se encuentren legalmente matriculados conservarán su inscripción, mientras que las nuevas matriculaciones deberán adecuarse a los requisitos establecidos por la legislación nacional.

El Poder Ejecutivo tendrá 120 días desde la publicación de la ley para reglamentarla y quedará derogada la normativa provincial que regulaba hasta ahora el ejercicio de la fonoaudiología.