Por Ale Pombo
En un nuevo giro del escándalo que rodea al exjefe de Gabinete Martín Insaurralde, la oposición ha presentado denuncias por enriquecimiento ilícito en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
Tanto Ricardo López Murphy como María Eugenia Talerico, por un lado, y José Luis Espert, por el otro, han presentado documentos acusatorios contra Insaurralde, centrándose no solo en su acuerdo de divorcio con Jésica Cirio, sino también en el reciente episodio en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.
En la denuncia presentada por López Murphy y Talerico, se detallan las discrepancias entre los ingresos públicos percibidos por Insaurralde y su estilo de vida ostentoso, que incluye viajes internacionales y asociaciones con celebridades. Se ha solicitado una investigación exhaustiva sobre los viajes al exterior de Insaurralde, Cirio y Clerici, así como una revisión de sus registros de propiedades inmuebles y automotores. Además, instan a la intervención de la Unidad de Información Financiera para evaluar cualquier actividad financiera sospechosa.
Por otro lado, José Luis Espert también presentó una denuncia contra Insaurralde y Clerici, que ha sido asignada al juzgado federal de Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py. En esta denuncia, Espert también solicita una investigación detallada sobre los funcionarios aduaneros, de la AFIP y de la UIF que estuvieron involucrados en el ingreso de Insaurralde y Clerici al país después de su viaje a Marbella. Se hace especial hincapié en comparar los ingresos declarados con el estilo de vida visible de Insaurralde y Clerici.
La denuncia penal fue respaldada por varios diputados de Juntos por el Cambio, quienes expresaron su preocupación por las posibles irregularidades financieras y fiscales relacionadas con los involucrados en este escándalo. El caso promete convertirse en un punto focal para la oposición, que busca respuestas sobre las finanzas y las actividades de Insaurralde y sus asociados. Los tribunales ahora tienen la tarea de investigar estas acusaciones y determinar si existen pruebas suficientes para justificar acciones legales adicionales. El país está atento a este desarrollo que podría tener implicaciones significativas en el panorama político argentino.
