El Senado aprobó el tratado de patentes tras 28 años de espera
Después de casi tres décadas de espera, Argentina aprobó su adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. La votación terminó con 47 apoyos y 22 rechazos. El acuerdo busca simplificar el registro internacional de inventos, pero despertó fuertes críticas por su posible impacto en la industria farmacéutica y el precio de los medicamentos.

El Senado convirtió en ley la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca simplificar el registro de inventos en distintos países. La iniciativa fue aprobada este jueves 19 de noviembre con 47 votos afirmativos y 22 negativos, después de permanecer 28 años pendiente en el Congreso. La decisión generó fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición, especialmente por sus posibles consecuencias sobre la industria farmacéutica y el acceso a los medicamentos.
El proyecto había recibido una primera aprobación del Senado en 1998, pero nunca perdió estado parlamentario porque los tratados internacionales están exceptuados de la caducidad prevista por la legislación. Su tratamiento fue retomado por el Gobierno en el marco de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos el 5 de febrero.
El PCT permite presentar una única solicitud internacional para buscar protección de una invención en numerosos países, en lugar de iniciar trámites independientes desde el comienzo en cada jurisdicción. El procedimiento contempla requisitos formales comunes, una búsqueda internacional y la publicación de la solicitud.
Sin embargo, la adhesión no significa que una patente quede automáticamente concedida en todos los países. Cada Estado conserva la facultad de examinar las solicitudes y decidir si otorga protección de acuerdo con su propia legislación.
La reserva que incorporó Diputados
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la modificación introducida por la Cámara de Diputados en agosto. A pedido de representantes de la industria farmacéutica nacional, se incorporó una reserva al Capítulo II del tratado, que excluye a Argentina de los procedimientos de examen preliminar internacional previstos en ese apartado.
La modificación buscó atender las objeciones de los laboratorios locales, que advierten sobre los posibles efectos del sistema en la competencia y en la producción de medicamentos genéricos.
Desde el oficialismo defendieron la adhesión como una herramienta para reducir tiempos, costos y trámites burocráticos. También señalaron que permitirá facilitar el acceso de investigadores, universidades, emprendedores y empresas argentinas al sistema internacional de protección de invenciones.
Las posiciones enfrentadas en el Senado
El senador libertario Francisco Paoltroni fue uno de los principales defensores del proyecto. Sostuvo que la Argentina necesitaba incorporarse a un sistema utilizado por numerosos países y consideró que la adhesión representa una señal de integración internacional.
Guillermo Andrada, de Convicción Federal, también anticipó su respaldo. Argumentó que los investigadores podrán simplificar los procedimientos y utilizar una ventanilla única para iniciar sus solicitudes.
Desde el peronismo, José Mayans cuestionó duramente la iniciativa. El legislador advirtió que el acuerdo podría favorecer a las multinacionales farmacéuticas y perjudicar el acceso a medicamentos esenciales, particularmente para tratamientos de VIH y hepatitis.
También vinculó la aprobación con los compromisos comerciales asumidos con Estados Unidos y cuestionó que el tratamiento del proyecto respondiera a un pedido de la representación diplomática de ese país.
Por su parte, Jorge Capitanich amplió las críticas hacia la situación sanitaria argentina. Durante su intervención hizo referencia a la reducción de medicamentos distribuidos gratuitamente por el Plan Remediar y a las dificultades en la cobertura de vacunas obligatorias.
Con la sanción legislativa, la adhesión al PCT quedó aprobada. El siguiente paso será su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo, que deberá avanzar con los procedimientos necesarios para incorporar el sistema a la estructura argentina de propiedad industrial.
