San Luis es industrial, y las leyes que regulan al sector le importan. Hace unos días se sancionó una Ley para incentivar a emprendedores; dicen sus impulsores que creará 47.000 empleos.
Esta Ley muestra muchos planos condenables; el primero es que luego de destruir más de 200 mil puestos de trabajo en el sector privado, el Gobierno Nacional propuso una ley que pretende crear una cuarta parte de ese empleo perdido. Es importante resaltar que mientras esos 200 mil puestos de trabajo perdidos no tuvieron nunca un costo fiscal (al contrario, crearon riquezas que permitieron al Estado cobrar impuestos), estos 47.000 puestos que tiene por objetivo esta ley, sí tienen un elevado costo fiscal, costo que de un modo obsceno transfieren a las Provincias Argentinas.
En este punto cabe esta aclaración: cuando por las políticas del Gobierno Nacional se produjeron estos más de 200.000 desocupados, parte de estos trabajadores recibieron subsidios del Estado; si bien éste no resolvió los problemas diarios de estos nuevos desocupados, el gasto en atender sus necesidades provoca un costo fiscal, costo fiscal que con esta ley es trasladado a las Provincias; es decir, por cada desempleado que se recupere, las provincias deberán pagar un costo fiscal que en realidad le compete al Gobierno Nacional. Esto es lo que fundamentó la posición en contra de esta ley de la senadora por San Luis, Liliana Alonso de Negre.
Un segundo plano de esta cuestión es que esta ley es una piedra puesta en el camino de la trayectoria de San Luis casi a propósito: mientras el Gobierno Nacional impulsó esta ley para emprendedores con costo fiscal para las provincias, se niega enfáticamente a reglamentar el Decreto 699/10 que permitiría a cuatro Provincias Argentinas, entre ellas San Luis, retomar su sendero industrial, con resultados muy concretos en lo que respecta a progreso y desarrollo económico de la región.
Volviendo al tema de la Ley de Emprendedores, también debe tenerse en cuenta que si los beneficios son iguales para todas las jurisdicciones provinciales, se puede inferir que es una ley que claramente favorece a la CABA y al GBA porque es allí donde se encuentran los mayores conglomerados urbanos de donde probablemente salgan la mayor cantidad de emprendedores y, por lo tanto, el costo fiscal de estas dos jurisdicciones lo van a pagar entre todas las provincias vía transferencias del Tesoro Nacional para ayudar a estas jurisdicciones que tienen el mismo color político que el Gobierno Nacional.
Finalmente, esta ley esconde otra falla enorme: aun cuando se faciliten todos los trámites para armar una empresa, se exija a las provincias pagar con su coparticipación federal a estos emprendedores, si no existe mercado ni las condiciones ambientales necesarias para desarrollar emprendimientos sólidos, es casi como sembrar sobre tierra sin abono. Primero se deben crear o estimular las condiciones de mercado y ambientales.
En síntesis, crear una empresa no es crear puestos de trabajo: los puestos de trabajo los crea la demanda que luego impulsa a los emprendedores a crear la empresa y hacerla crecer, con sus implicancias en la generación de nuevos trabajos.
Otra vez el Gobierno Nacional puso el carro delante del caballo.
