18 mayo, 2024

«Las sustancias adictivas ahora son más accesibles» se quejó la Iglesia

La Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia difundió hoy un comunicado en el que manifiesta su «preocupación» por la reglamentación de la Ley N°27.350 sobre el uso medicinal del cannabis

La Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia difundió hoy un comunicado en el que manifiesta su «preocupación» por la reglamentación de la Ley N°27.350 sobre el uso medicinal del cannabis porque entiende que «puede convertirse en una legitimación encubierta de otros tipos de consumos» y considera que «las sustancias adictivas ahora son más accesibles».

El documento aclara que se refiere a la ley sobre «investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados», y remarca que la investigación científica y la aplicación paliativa con fines medicinales del canabidiol, reclamadas por pacientes y familiares de pacientes, «debe ser apoyada y acompañada por el conjunto de la sociedad».

Pero advierte que «la gran mayoría de la comunidad científica y las agencias encargadas del control de medicamentos de todo el mundo han aconsejado responsabilidad y prudencia».

«Entendemos que esa responsabilidad y prudencia no se condicen con la apertura irrestricta que significa el autocultivo de cannabis para sí o para terceros y la falta de especificación de las enfermedades que ameritan su aplicación», sostiene entonces la pastoral que atiende las adicciones.

Para la Iglesia esta norma «puede convertirse en una legitimación encubierta de otros tipos de consumos» y aclara que eso los «preocupa».

Señala entonces que «dejando de lado el agravamiento de la situación generado por la pandemia, en las villas y barrios populares no es fácil sostener el colegio ni conseguir un trabajo».

«La educación y el trabajo son poco accesibles, las sustancias adictivas ahora son más accesibles», cierra entonces el documento, antes de agregar que «para hacer justicia a quienes padecen una enfermedad no hay que exponer a los más frágiles» y recuerda que desde 2016 sostiene que «la provisión de canabidiol debe correr por parte del Estado y ser gratuita».