La Justicia declaró en quiebra a SanCor: USD 120 millones de deuda, 914 empleados y el 90% de las plantas paradas

La Justicia de Santa Fe declaró este miércoles la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, poniendo fin a casi 88 años de historia de una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina. El fallo fue dictado por el juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, a pedido de la propia cooperativa, que reconoció la imposibilidad de afrontar una deuda superior a los USD 120 millones con más de 1.500 acreedores.

La resolución calificó la situación como una «quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo» y fue categórica en su diagnóstico: «La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión.» SanCor había ingresado al concurso preventivo en febrero de 2025, presentándolo como «una solución definitiva», pero el proceso no solo no revirtió la crisis sino que la profundizó: el pasivo postconcursal crecía a un ritmo de $3.000 millones por mes.

Al momento del fallo, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero de 2026 —ocho meses de sueldos impagos—, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 millones en aportes a obras sociales y sindicatos, y $13.313 millones de deudas comerciales, además del pasivo del concurso por más de USD 86 millones. El juez descartó expresamente la aplicación del procedimiento de salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, lo que acelera la liquidación.

La caída de SanCor refleja dos décadas de deterioro acelerado. La cooperativa, que alguna vez procesó más de un millón de litros de leche diarios y fue referente del cooperativismo agroindustrial del centro del país, llegó al juzgado procesando apenas 50.000 litros por día. El 90% de sus plantas permanecían inactivas. La única excepción era la planta de Devoto, Córdoba, que operaba a fasón para Elcor —dueña de la marca Tonadita—. Entre las causas del derrumbe figuran también deudas internacionales originadas en acuerdos comerciales con Venezuela que nunca se saldaron.

Pese a la quiebra, el juez ordenó la continuidad transitoria de las operaciones. La sindicatura, integrada por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, tendrá cinco días para definir qué plantas seguirán activas de manera provisional, priorizando las que tengan contratos vigentes. La medida apunta a proteger a los 914 trabajadores en relación de dependencia y a los acreedores laborales con créditos pendientes.