La Justicia avanza sobre los pagos que vinculan a Laura Sánchez
La investigación contra la presidenta del Concejo Deliberante de San Luis sumó un nuevo elemento: EDESAL informó que el medidor del complejo deportivo Suela 13 estuvo registrado a nombre de la Municipalidad durante casi un año. El emprendimiento está vinculado a Laura Sánchez, también titular de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

La investigación judicial sobre Laura Sánchez, presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, incorporó un nuevo dato tras la respuesta de EDESAL sobre la titularidad del medidor eléctrico del complejo deportivo Suela 13.
Según la documentación entregada a la fiscalía, el suministro del predio estuvo registrado a nombre de la Municipalidad de San Luis desde julio de 2025 hasta junio de 2026. Durante ese período, el servicio habría sido abonado con fondos municipales.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por concejales del Partido Justicialista, quienes señalaron un presunto uso de recursos públicos para beneficiar un emprendimiento privado vinculado a Sánchez.
Los denunciantes indicaron que el complejo Suela 13, dedicado al futsal, mantiene una relación con la concejala, quien además preside la Liga Sanluiseña de Fútbol.
Ante el avance de la investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó información a EDESAL para determinar quién figuraba como titular del medidor y si existieron modificaciones en la registración del servicio.
La empresa confirmó que el cambio de titularidad a nombre de Laura Sánchez se concretó recién en junio de 2026. Hasta ese momento, el suministro permanecía asociado al municipio capitalino.
En la documentación incorporada también figura el contrato de alquiler del inmueble donde funciona Suela 13, firmado en julio de 2025. Allí consta que Sánchez aparece como propietaria del predio y que el lugar es alquilado por la Liga Sanluiseña de Fútbol, entidad que también preside.
Desde el entorno municipal habían explicado que el suministro correspondía a un inmueble alquilado durante la gestión anterior y que el trámite para modificar la titularidad del servicio ya había sido iniciado antes de la denuncia.
La causa continúa en etapa de investigación y la fiscalía analiza la documentación incorporada para determinar si existió una utilización irregular de fondos públicos.
