La Fiscalía pidió imputar al exjuez Hugo Saá Petrino por el manejo de fondos del Colegio de Magistrados

La investigación por el manejo de los fondos del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Luis dio un paso clave.

El fiscal de Instrucción Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, José Alberto Olguín, solicitó formalmente que se fije una audiencia para formular cargos contra el exjuez y expresidente de la institución Hugo Saá Petrino, a quien atribuye presunta participación como autor en el delito de administración fraudulenta.

El requerimiento también alcanza a otras dos personas.

La Fiscalía pidió que María Fernanda Del Cerro, cuñada de Saá Petrino, y Marcelo José Senatore Pecchini, esposo de esta, sean sometidos a una audiencia de formulación de cargos en carácter de presuntos partícipes.

El pedido fue presentado el 20 de agosto ante el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de Natalia Pereyra Cardini.

La causa es tramitada por la Fiscalía de Villa Mercedes luego de que magistrados de la Primera Circunscripción Judicial se apartaran de la investigación, teniendo en cuenta que el principal investigado se desempeñó como juez en esa jurisdicción hasta hace pocos meses.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el propio Colegio de Magistrados y avanzó con una auditoría externa sobre el manejo de los recursos de la entidad.

Ahora, la investigación dio un nuevo paso: la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para pedir que se formalicen cargos contra los tres investigados.

Los números que quedaron bajo la lupa

Uno de los principales elementos de la causa es una auditoría externa realizada sobre los movimientos de las cuentas que el Colegio de Magistrados mantenía en los bancos Supervielle y Santander.

El trabajo analizó operaciones realizadas entre el 1º de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2025.

Según los antecedentes incorporados a la investigación, durante ese período la institución registró ingresos por $77.232.702,20 y egresos respaldados por resoluciones válidas por $70.901.630,39, incluidos los gastos bancarios.

La diferencia inicial era de $6.831.071,81.

Sin embargo, en las cuentas del Colegio solo se registraba un saldo de $934.187,23.

De esa relación surgió una suma de $5.396.884,58 sin justificar, uno de los puntos que ahora forma parte de los antecedentes analizados en la causa penal.

Pero ese no fue el único dato detectado por la auditoría.

También quedaron bajo análisis gastos autorizados cuya efectiva realización no podía ser determinada con la documentación reunida y una importante diferencia entre los montos aprobados para distintos eventos y las facturas disponibles.

En ese grupo aparecían actividades para las cuales se habían autorizado $55.653.440,08, mientras que la documentación reunida incluía comprobantes por $6.947.524,76.

Aunque al momento de realizarse el informe todavía había facturas pendientes de algunos proveedores, la diferencia superaba los $48 millones.

Más de $50 millones fueron transferidos a la cuenta personal del entonces presidente

El capítulo más sensible de la auditoría está relacionado con movimientos de dinero entre las cuentas del Colegio y cuentas particulares.

Según la reconstrucción de las operaciones, de las cuentas institucionales surgían $180.309.647,84 en egresos considerados no vinculados con la actividad propia del Colegio.

Dentro de ese conjunto de movimientos, $50.026.880 fueron transferidos a una cuenta personal de Saá Petrino.

Además, se registraron $742.000 enviados a la cuenta de su esposa, María Pilar Del Cerro.

La auditoría también incluyó retiros de efectivo, consumos con tarjeta de débito, débitos inmediatos y transferencias a otras personas.

Entre las operaciones relevadas aparecieron incluso compras realizadas en supermercados.

El manejo de esos fondos es ahora uno de los principales aspectos que la Fiscalía busca esclarecer.

De acuerdo con los antecedentes de la auditoría, el propio Saá Petrino reconoció en un descargo presentado en octubre de 2025 que determinados movimientos “no se corresponden con movimientos vinculados a la actividad de la Institución”.

El dinero que volvió desde la cuenta personal

La reconstrucción contable también detectó una operatoria en sentido contrario.

Luego de que comenzaran las transferencias desde las cuentas del Colegio, a partir del 25 de marzo de 2024 se registraron ingresos hacia la institución provenientes de la cuenta personal de Saá Petrino y de otras personas o entidades vinculadas con su entorno.

Entre marzo de 2024 y octubre de 2025 ingresaron por esa vía $121.383.837,90.

De ese total, $110.499.940,17 fueron transferidos directamente desde la cuenta personal de Saá Petrino.

También se registraron $5.200.897,73 provenientes de Maskotas SRL, una firma vinculada a Marcelo José Senatore Pecchini.

Otros $3.900.000 ingresaron desde el fideicomiso La Candela.

Según los antecedentes de la auditoría, esos ingresos tampoco habrían estado relacionados con la actividad institucional del Colegio de Magistrados.

La Fiscalía ahora busca determinar qué explicación tuvieron esos movimientos y cuál fue el circuito de utilización de los recursos.

Cheques rechazados y millones en costos financieros

La auditoría también detectó una importante cantidad de cheques rechazados durante el período analizado.

Según el informe, fueron rechazados 58 cheques.

De ellos, 54 fueron rechazados por falta de fondos y representaban operaciones por $48.087.671,96.

Otros cuatro fueron rechazados por cuestiones técnicas, por un monto de $3.181.477,27.

Además, se registraron 22 cheques pagados por el banco aun cuando la cuenta no contaba con fondos suficientes para afrontarlos, por $1.127.676,24.

Toda esa operatoria generó costos adicionales para el Colegio.

La auditoría estimó que la institución afrontó $3.687.311,41 en comisiones, intereses, multas, IVA y otros gastos bancarios.

Una crisis que terminó con la salida de Saá Petrino

Las irregularidades detectadas provocaron una profunda crisis dentro del Colegio de Magistrados.

En septiembre de 2025, la comisión directiva decidió apartar a Saá Petrino de la presidencia de la institución.

También resolvió encargar una auditoría externa y remitir los antecedentes a la Justicia penal.

Posteriormente, Saá Petrino presentó su renuncia a la conducción del Colegio.

Este año también dejó de desempeñarse como juez.

Su renuncia irrevocable al Colegio de Jueces en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial tuvo vigencia desde el 30 de abril de 2026.

Ahora, el caso ingresó en una nueva etapa judicial.

La Fiscalía pidió formalmente avanzar con la formulación de cargos por presunta administración fraudulenta contra Saá Petrino y solicitó que también se analice la participación de María Fernanda Del Cerro y Marcelo José Senatore Pecchini.

El próximo paso dependerá del Juzgado de Garantía Nº 3.

La Justicia deberá definir la realización de la audiencia solicitada por el fiscal José Alberto Olguín.

Recién en esa instancia se conocerá si la Fiscalía logra formalizar los cargos contra los tres investigados y cuáles serán las respuestas de sus defensas frente a una causa que investiga el manejo de fondos de una de las instituciones más sensibles del ámbito judicial de San Luis.