3 mayo, 2024

En medio de la polémica absuelven al cura acusado de abusar de una alumna

En fallo polémico, calificado como escandaloso por la denunciante, un cura acusado de abuso sexual contra una adolescente en un colegio parroquial de la localidad de Caseros fue absuelto por la prescripción del delito.

Por Alejo Pombo

En fallo polémico, calificado como escandaloso por la denunciante, un cura acusado de abuso sexual contra una adolescente en un colegio parroquial de la localidad de Caseros fue absuelto por la prescripción del delito en uno de los hechos y el beneficio de la duda en el otro.

Se trata del sacerdote Carlos Eduardo José, de 62 años, que en otras instancias judiciales había logrado eludir alguna condena, debido a que las presentaciones de otras tres de sus víctimas no fueron aceptadas por el paso del tiempo y se encuentran a definición de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Con el voto dividido de sus integrantes y solo difundiendo la parte resolutiva, el Tribunal Oral Criminal Nro. 2 de San Martín decidió absolver al religioso ante los cargos de abuso sexual gravemente ultrajante contra una alumna del colegio San José Obrero de Caseros, con el argumento de que los hechos están prescriptos y dispuso su inmediata libertad, luego de permanecer tres años detenido al dictarse su prisión preventiva.

Tanta la Fiscalía, como la querella habían solicitado que se lo condene a 20 años de cárcel, pero los magistrados Raúl Luchelli Ramos, Carolina Martínez y Mónica María Carreira lo absolvieron, generándose el rechazo de familiares, amigos y de sus propias víctimas, quienes se cruzaron en la calle con quienes se movilizaron en respaldo al cura, en medio de momentos de tensión.

«Los jueces, los abogados, los que vinieron a defenderlo son cómplices. Cubren a un pedófilo, él ahora sale y vuelve a abusar. De mí abuso 15 años y no me va a volver a abusar, va a abusar a otra nena», sostuvo la denunciante Mailin Gobbo, quien recordó: «No soy yo nomás, son ellas, las que me escribieron, las que se dieron cuenta con mi caso de que cuando te apoyan el pene erecto, te tocan o te besan sin que vos quieras, es abuso».

En el veredicto, el Tribunal desdobló los hechos sucedidos entre 1999 y 2008, según hubieran ocurrido en la escuela o en la casa familiar de la denunciante, votando unánimemente por la absolución en el primer caso y mayoritariamente en el segundo, con el voto en disidencia de la jueza Carolina Martínez.

Héctor Silveira, abogado de Mailín Gobbo (hoy una joven de 33 años), calificó al fallo como «impresentable, bochornoso y una vergüenza», agregando que «la absolución sobrevino porque se consideró un hecho prescripto y en el otro aplicó el beneficio de la duda».

«Todavía nadie se pone los pantalones largos en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Gobierne quien gobierne tenemos el mismo procurador que es del Opus Dei y donde está la Iglesia, hay prescripción», afirmó.

«Ahora iremos a Casación y si no hay respuesta iremos a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde tenga que ser porque se tiene que cortar de una vez por todas la impunidad», enfatizó el letrado, al mismo tiempo que se refirió a la ley de imprescriptibilidad vigente, pero se preguntó qué se va a hacer con «todos los que fueron abusados antes de 2011».

En tanto, el abogado Alejandro Stipancic, otro de los que representó a la denunciante, manifestó: «Es un día de luto para la justicia argentina, por este fallo que denigra a la mujer», apuntando a la falta de perspectiva de género del caso.

«Para que le quede claro a la gente, Carlos Eduardo José es un pedófilo independientemente de lo que diga la justicia, no porque lo diga esta parte, sino porque todos los que estuvimos en el juicio podemos dar fe de que fue así», añadió.

José había llegado a juicio acusado de «abuso sexual gravemente ultrajante y agravado» -por la condición de sacerdote y ser tutor del colegio- contra Mailín Gobbo, quien accionó judicialmente y viene dando testimonio en los medios desde hace cuatro años.

Tanto la querella como el fiscal Ricardo Romero habían solicitado la pena máxima prevista para este tipo de delitos, que va de 8 a 20 años. En tanto, la defensa había solicitado la prescripción del delito y la consecuente absolución.

El juicio comenzó el 4 de febrero pasado y durante las audiencias declararon 36 testigos: 21 por la defensa y 16 por la acusación, incluyendo a las dos peritos psicólogas oficiales además del testimonio de la denunciante.