Por Alejo Pombo
El Gobierno Nacional presentará mañana ante la Corte Suprema de Justicia las pruebas que llevaron al presidente Alberto Fernández a firmar días atrás el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se dispuso que se suspendiera la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por un período de 15 días, hasta el próximo viernes 30.
La presentación estaba terminando de ser pulida durante este fin de semana por miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
El martes, en las dos primeras horas del día judicial, vence el plazo de 5 días hábiles que le dio la Corte Suprema al Estado Nacional cuando le notificó la demanda para que pudiera ofrecer prueba y dispuso imprimirle al proceso los tiempos del trámite «sumarísimo».
La presentación de la PTN, que encabeza Carlos Zannini, apuntará a demostrar que «contra lo que dijo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- el DNU 241 es constitucional porque dado que no elimina ningún derecho, sino que restringe alguno «como la presencialidad en las escuelas del AMBA- para preservar la salud de la población en un contexto de emergencia sanitaria por la segunda ola de coronavirus.
La presentación incluirá, además, un informe elaborado por el Ministerio de Salud que incluirá los datos epidemiológicos y los indicadores en los cuales se basó el Gobierno Nacional para dictar la medida que cuestionó la administración porteña.
La negativa de Larreta a acatar el DNU y su decisión de judicializarlo a través de la presentación de una acción declarativa de inconstitucionalidad «encierra una contradicción: el propio jefe de Gobierno porteño había avalado durante todo 2020 las medidas del Gobierno Nacional, muchos más restrictivas que esta que ahora cuestiona», indicaron fuentes del Poder Ejecutivo.
La presentación buscará poner de relieve que el decreto con el que se dispuso la suspensión de la presencialidad en las escuelas del AMBA durante 15 días implicó «una restricción y no la eliminación de un derecho; es algo que se puede hacer cuando está en juego otro derecho superior», señalaron los abogados que trabajan en la presentación.
Se resaltará además que se trató de una medida temporal dispuesta en un contexto de emergencia y se citarán decenas de antecedentes jurisprudenciales que avalarían la decisión del Ejecutivo, de los cuales la más añeja data de 1887, según pudo reconstruir en el tiempo.
