El Gobierno pide a la Corte definir la reforma laboral
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral, luego de que un fallo de primera instancia suspendiera provisoriamente más de 80 artículos de la norma sancionada en febrero.
La decisión busca evitar el paso por instancias intermedias y acelerar una definición sobre la constitucionalidad de la ley, en un escenario que la Casa Rosada considera de “gravedad institucional”.
La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro, que cuestionó con dureza la resolución del juez Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63. El magistrado había hecho lugar a un amparo colectivo promovido por la Confederación General del Trabajo (CGT), que derivó en la suspensión de artículos clave de la reforma.
En su planteo, el Estado sostuvo que el juez actuó sin competencia para intervenir en una causa contra el Estado nacional y argumentó que no existía un “caso concreto” ni legitimación suficiente por parte de la central obrera.
Además, advirtió que la medida cautelar implica una vulneración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una ley aprobada por el Congreso. Según el Gobierno, se trata de una intromisión indebida del Poder Judicial en atribuciones propias del Legislativo.
La controversia se centra en modificaciones sensibles del régimen laboral, como los cambios en indemnizaciones por despido, nuevas modalidades de contratación, esquemas de jornada laboral, vacaciones y aportes sindicales.
Desde la CGT, en tanto, sostienen que esos puntos afectan derechos laborales garantizados por la Constitución Nacional, lo que motivó la presentación judicial.
En paralelo, el Ejecutivo ya había obtenido un avance al cuestionar la competencia del fuero laboral, tras una resolución que derivó el expediente al ámbito contencioso administrativo federal.
Con el per saltum, el Gobierno apuesta ahora a que el máximo tribunal intervenga de inmediato y fije un criterio definitivo sobre la validez de la reforma, en un conflicto que combina tensión política, sindical y judicial.
