El Gobierno argentino ha promulgado el decreto 695/2024, que introduce una serie de modificaciones en el sistema de empleo público. Este decreto, publicado en el Boletín Oficial, reglamenta el Título II de la normativa vigente y busca mejorar la eficiencia y transparencia en la administración pública.
Entre las principales innovaciones, se destaca la implementación de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para los aspirantes a trabajar en el Estado. Este examen, diseñado por la Autoridad de Aplicación, será anónimo y determinará quiénes están calificados para avanzar en el proceso de selección.
El decreto también regula la reestructuración y reubicación del personal estatal. Se establece un sistema de puntaje y sanciones para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades laborales. Asimismo, se introduce un régimen de contrataciones más flexible, incluyendo la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias, que serán evaluadas y podrán ser rescindidas en cualquier momento.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que estas medidas buscan evitar la interferencia política en los nombramientos y asegurar que solo el personal idóneo acceda a cargos en la administración pública. Sturzenegger subrayó que el objetivo es mejorar la calidad del empleo público y reducir el número de empleados, siguiendo un mandato electoral de achicamiento del Estado.
Además, las modificaciones incluyen la creación de un Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad, para gestionar la reestructuración y los posibles despidos. Los empleados afectados percibirán una compensación durante un período de disponibilidad, dependiendo de su antigüedad, mientras que aquellos con sumarios en curso o en situación de licencia no podrán ser despedidos ni pasar a disponibilidad hasta que se resuelva su situación.
Este conjunto de medidas representa un esfuerzo significativo del gobierno actual para reestructurar y modernizar el sector público, con la intención de optimizar recursos y mejorar la calidad del servicio público en Argentina.