El Gobierno de Milei revoca la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner tras su condena
El Gobierno de Javier Milei eliminó la pensión de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner tras su condena en la causa Vialidad. La medida implica un ahorro de más de $21 millones mensuales y busca restringir beneficios a exfuncionarios condenados. El presidente, actualmente en EE.UU., afirmó: “El que las hace, las paga”.
Por Alejo Pombo
En una medida sin precedentes, el Gobierno de Javier Milei resolvió hoy quitarle a Cristina Fernández de Kirchner los beneficios de jubilación y pensión derivados de su mandato como expresidenta y la muerte del exmandatario Néstor Kirchner. La decisión, que alcanza a otros exfuncionarios condenados por corrupción, fue confirmada en conferencia de prensa por Manuel Adorni, vocero presidencial, quien destacó que la medida implica un ahorro mensual de $21.827.624,65 para el Estado.
La orden provino directamente del presidente Milei, quien dispuso que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retire estos beneficios en el marco de una serie de recortes de “privilegios injustificados”. Adorni explicó que los fondos destinados a las pensiones presidenciales representan una asignación excepcional otorgada como «contraprestación al honor, mérito y buen desempeño en el cargo». Con esta decisión, la exmandataria solo podrá percibir una pensión y jubilación de acuerdo a sus aportes contributivos, sin el extra que brindan los beneficios por mandato presidencial.
El contexto de la condena y la postura del Gobierno
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, en la cual se la encontró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esta sentencia, según afirmó Adorni, “va en contra de los valores de honor y responsabilidad pública que estas pensiones buscan premiar”. Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, respaldaron la resolución, argumentando que la baja de estos beneficios «no constituye una sanción accesoria a la condena penal», sino que es una medida de “dignidad administrativa” para evitar el uso de fondos públicos en beneficio de condenados por corrupción.
“El respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias de los delitos cometidos por altos funcionarios exige esta medida”, declaró el comunicado oficial del Poder Ejecutivo, y añadió que este tipo de delitos afecta la democracia y justifica la revocación de beneficios especiales a quienes no mantuvieron un desempeño ético en el ejercicio de sus funciones.
Una postura que generó polémica
La medida fue interpretada como un viraje en la postura de Milei, quien meses atrás calificó la jubilación y pensión presidencial como “un derecho adquirido”. En mayo, el mandatario admitió en una entrevista con TN que, aunque desaprobaba estos beneficios, consideraba que no era posible revocarlos retroactivamente por su carácter de «derecho adquirido». Hoy, sin embargo, la decisión marca un cambio de rumbo en su administración, que argumenta que “durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no destinará fondos a ningún corrupto que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”.
Al llegar a Florida para asistir a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), el presidente celebró el anuncio y afirmó en un mensaje en redes sociales: «El que las hace las paga». Esta frase sintetiza la postura de su administración frente a los casos de corrupción, en los que el gobierno ha decidido hacer hincapié como parte de su promesa de transformar el Estado y reestructurar el uso de los fondos públicos.
Reacciones políticas y posibles desafíos legales
La eliminación de los beneficios de privilegio para la expresidenta ha generado revuelo en el ámbito político y académico. Mientras sus defensores consideran la medida como una “persecución política”, desde el entorno de Milei sostienen que es una “corrección de viejas injusticias”. Expertos legales no descartan que Kirchner recurra a la Justicia para intentar revertir esta decisión, alegando que los beneficios están amparados bajo la ley 24.018, que otorga asignaciones especiales a expresidentes, exvicepresidentes y otros altos funcionarios.
Sin embargo, la administración Milei sostiene que las condenas por corrupción deberían considerarse como una causa para anular estos beneficios, bajo el argumento de que la “dignidad administrativa” no es compatible con personas condenadas.
EL QUE LAS HACE LAS PAGA.https://t.co/9wFuKCsbFo
— Javier Milei (@JMilei) November 14, 2024
