Por Alejo Pombo
El Consejo de la Magistratura convalidó ayer la resolución cursada por la ANSeS que intima a magistrados y funcionarios del Poder Judicial que iniciaron sus trámites jubilatorios, pero siguen en el cargo, para que completen la gestión o declinen del beneficio previsional y continúen en funciones, al considerar que no implica «una afectación a la independencia» de los magistrados.
«No puede ser leído como una obligación a que renuncien», plantearon los siete consejeros que forman parte del Frente de Todos (FdT) o son cercanos al oficialismo, quienes constituyen la mayoría del cuerpo.
Además, manifestaron que el procedimiento que viene llevando adelante la ANSeS en esta materia «luce ajustado a la ley de la materia tras la modificación realizada por la ley 27.546».
Esta última norma, sancionada en marzo del año pasado, modificó el régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.
«No colisiona con la letra ni el espíritu de la Carta Magna, ni provoca afectación respecto de quienes, como magistrados, desarrollan la labor judicial e imparten justicia», subrayaron los siete miembros del Consejo en el proyecto aprobado por mayoría.
De ese modo, el cuerpo aprobó el proyecto presentado por el vicepresidente Alberto Lugones y consideró válida la decisión de la ANSeS, que ya cursó intimaciones a más de 200 jueces y fiscales, aunque no todos recibieron las notificaciones.
La iniciativa de Lugones señala que la resolución del organismo «de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos» y propone que el Consejo de la Magistratura integre una «mesa de enlace y coordinación» con la ANSeS para «despejar las dudas» que surgieron con la puesta en vigencia de la resolución y el envío de las intimaciones.
