Diputados aprobó el acuerdo con bonistas y el Súper RIGI
Diputados convirtió en ley el acuerdo con bonistas por USD 171 millones y otorgó media sanción al Súper RIGI, un régimen de inversiones de gran escala. Ambas iniciativas avanzaron en una sesión clave para el oficialismo.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda tras el default de 2001 y otorgó media sanción al denominado “Súper RIGI”, en una jornada legislativa con dos iniciativas centrales impulsadas por el oficialismo.
El primero de los proyectos, que ya contaba con media sanción del Senado, se convirtió en ley y autoriza el pago de USD 171 millones a acreedores que habían quedado fuera de la reestructuración de deuda. La votación obtuvo 139 votos afirmativos, con apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, además de bloques provinciales y aliados, mientras que se registraron 97 votos negativos.
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa al señalar que el acuerdo contempla una quita del 30%, la exención de honorarios legales y el compromiso de los acreedores de no iniciar nuevas acciones judiciales. En contraste, sectores opositores cuestionaron la falta de previsión presupuestaria y el impacto fiscal del entendimiento.
Horas más tarde, la Cámara baja dio media sanción al “Súper RIGI”, un régimen de promoción de inversiones de gran escala orientado a sectores tecnológicos y actividades sin desarrollo local previo. El proyecto establece un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones y ahora deberá ser tratado por el Senado.
La votación cerró con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. El bloque de diputados alineados con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, votó en contra, al igual que sectores de la oposición que advirtieron sobre su impacto económico y fiscal.
Desde el oficialismo, defendieron la iniciativa como una herramienta para atraer inversiones y fomentar el desarrollo productivo. En cambio, referentes opositores como Martín Lousteau cuestionaron el alcance del régimen y advirtieron sobre una posible pérdida de soberanía y falta de certezas sobre su implementación.
El proyecto también prevé la articulación entre el Estado nacional, las provincias y los organismos competentes en materia de recursos naturales, con el objetivo de impulsar exportaciones y generación de empleo a partir de nuevos proyectos de inversión.
