Inocencia Fiscal II: el Gobierno negocia excluir a funcionarios
El Gobierno negocia modificar Inocencia Fiscal II para que funcionarios y exfuncionarios puedan acceder al régimen simplificado, pero queden excluidos de algunos beneficios centrales. El cambio surgió tras los cuestionamientos por el caso Adorni y busca conseguir apoyo de bloques aliados en Diputados.
El Gobierno negocia modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal II para limitar los beneficios que podrán utilizar los funcionarios y exfuncionarios públicos. La propuesta surgió durante las conversaciones con diputados de bloques aliados y busca destrabar el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados.
El cambio permitiría que quienes ocupen o hayan ocupado determinados cargos públicos accedan al régimen simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero los excluiría de algunas de las principales presunciones y efectos liberatorios previstos para el resto de los contribuyentes.
La discusión tomó fuerza después del caso que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti. Ambos solicitaron incorporarse al régimen simplificado de Ganancias previsto por la actual Ley de Inocencia Fiscal, lo que generó cuestionamientos de sectores de la oposición.
El proyecto que el Gobierno presentó en julio busca ampliar y modificar el régimen vigente. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que el objetivo es facilitar la formalización de ahorros y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que incorporen fondos al sistema financiero, sin penalizaciones cuando se trate de activos de origen lícito.
Qué cambios analiza el Gobierno
Uno de los puntos que se discuten es establecer un tratamiento diferencial para las personas que ejercen o hayan ejercido funciones públicas.
La alternativa que analiza el oficialismo permitiría a esos contribuyentes utilizar el esquema simplificado, pero impediría que se beneficien de determinadas presunciones fiscales y de los efectos liberatorios que el proyecto contempla para los demás contribuyentes.
También se estudia incorporar restricciones para quienes hayan ocupado cargos públicos durante los últimos años. La intención es evitar que puedan utilizar los mecanismos del nuevo régimen para justificar o exteriorizar fondos que no hubieran sido declarados previamente.
La exclusión de los funcionarios es uno de los principales reclamos planteados por sectores opositores desde que se conocieron los alcances del nuevo proyecto. La iniciativa original no establecía una exclusión específica para funcionarios públicos.
El antecedente de Adorni
El debate se intensificó luego de que Adorni y Angeletti solicitaran su incorporación al régimen simplificado de Ganancias. La situación provocó cuestionamientos políticos porque el mecanismo permite simplificar las declaraciones y limita determinadas facultades de fiscalización sobre períodos anteriores.
La oposición reclamó que funcionarios, jueces y otras personas políticamente expuestas queden directamente excluidos del régimen, bajo el argumento de que quienes ejercen funciones públicas deberían estar sometidos a controles patrimoniales reforzados.
El caso volvió a instalar además la discusión sobre el alcance de la Ley 27.799, sancionada a fines de 2025. La norma fue aprobada por el Senado con 43 votos afirmativos y 26 negativos y estableció cambios en materia de procedimiento tributario y régimen penal tributario.
La negociación en Diputados
Las modificaciones son analizadas en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, donde el oficialismo busca reunir los respaldos necesarios para avanzar con el proyecto.
El Gobierno necesita acordar con los bloques dialoguistas antes de intentar llevar la iniciativa al recinto. Por eso, la posibilidad de excluir parcialmente a funcionarios de los beneficios más sensibles aparece como una de las alternativas para conseguir consenso.
El proyecto también contempla cambios destinados a ampliar el alcance del régimen y reducir las posibilidades de que errores o diferencias detectadas por ARCA provoquen la pérdida automática de los beneficios.
El Ejecutivo busca así avanzar con una segunda etapa de la política de inocencia fiscal, mientras intenta despejar las objeciones que surgieron en el Congreso por el tratamiento que recibirían los funcionarios públicos.
El debate continuará en las comisiones durante las próximas semanas y será determinante para definir el texto que finalmente llegue al recinto de Diputados.
