28 marzo, 2024

Demoras del Senado puntano impiden detener al legislador procesado por violencia de género

La abogada defensora de la exesposa del senador provincial Ariel Rosendo, reclamó hoy celeridad en la comunicación del desafuero del legislador al juez de la causa porque “impide su detención” y continúa victimizando a la mujer.

La abogada defensora de la exesposa del senador provincial Ariel Rosendo (PJ), reclamó hoy celeridad en la comunicación del desafuero del legislador al juez de la causa porque “impide su detención” y continúa victimizando a la mujer, quien “desde el martes último, cuando se allanaron los fueros del procesado, está expuesta desde los medios de comunicación de Villa Mercedes a la violencia» que el su exmarido «ejerce como entrevistado”.

“Es increíble que a esta altura, luego de ser procesado y desaforado, este individuo sea entrevistado por los medios de comunicación y se le permita hostigar, injuriar y violentar a mi defendida, que desde mayo de este año debe permanecer escondida como si fuera quien agravió la Ley y temiendo por su vida”, dijo Leticia Latini, abogada de la víctima.

El Senado provincial quitó los fueros de Rosendo el martes último y lo suspendió en sus funciones “para permitir que la justicia” continúe avanzando en la causa, afirmaron varios senadores y senadoras en esa oportunidad.

Sin embargo, la comunicación de rigor nunca llegó al juez, Leandro Estrada, quien lo procesó y pidió su prisión preventiva por considerar -entre otras cosas- que había “violentado psíquica y económicamente” a su exmujer al violar una orden de restricción de acercamiento para ingresar por la fuerza a la vivienda que ocupaba y despojarla de bienes personales y sindicales.

Latini sostuvo que el Senado “la violentó la primera vez que no concedió el desafuero” pedido por Estrada y “la continúa violentando, ahora, con esta demora en la que el procesado hace raides comunicacionales insultando su honor y equilibrio emocional de una manera alarmante”.

“Hostiga, presiona, desacredita y crea sentido alrededor de una mujer que ha sido víctima de su violencia y su proceder mafioso, como lo hizo desde que comenzó la causa, obligándola a vivir en la oscuridad y el miedo”, aseveró Latini.

“Esta demora en las comunicaciones, en una provincia que se enorgullece de sus avances en las agendas tecnológicas, me hace pensar en que la voluntad política de respetar la perspectiva de género, otra bandera provincial, es sólo una declaración sin contenido porque las víctimas son revictimizadas por el mismo poder político”, argumentó.

“Hemos asistido ayer al escándalo protagonizado por el diputado Juan Emilio Ameri, de la provincia de Salta”, recordó, y a “su renuncia inmediata y sin ninguna dilación, ante la presión que ejercieron sus pares de la Cámara pidiendo sanciones ejemplares para ese legislador”.

En San Luis, donde una mujer corre “riesgo de vida por las características psicopáticas del procesado por violencia de género, los senadores y senadoras aún no comunican el desafuero al juez que debe cumplimentar la orden de detención”, agregó.

“Cada minuto que pasa suman angustia, desazón y miedo en mi clienta, oradan su capacidad de resistencia y su confianza en el sistema de representación por la débil respuesta política del poder ante la situación de impotencia en que las víctimas de violencia de género se encuentran en la provincia, cuando se trata de tocar los intereses de uno de sus miembros”, aseveró.

Es inexplicable, apuntó, que la provincia no tenga “un método de firma digital” que acelere los procesos a “más de seis meses de cuarentena por coronavirus” y que tanto “la sesión de comisión y su dictamen, como la sesión parlamentaria, el día del desafuero, no fueran públicas, como corresponde”.

Finalmente, Latini dijo que existe un tramado “complejo de complicidades que impiden el imperio de la ley cuando está en juego la vida y la salud psíquica de las mujeres”.

Rosendo está acusado por «robo doblemente calificado por efracción o fractura, en poblado y en banda, en perjuicio de Smata y de Ivana Beatriz Massimino», su exmujer y como autor de los delitos de «desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas antipandémicas», en concurso ideal.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, cuando Rosendo, acompañado de otras personas, llegó a la sede del gremio Smata en Villa Mercedes y rompió con un hacha la puerta de ingreso, violando la restricción perimetral que se le había dictado, ya que en ese domicilio vivía su exmujer.