Colectiveros amenazan con un paro en el interior del país por deuda millonaria del Gobierno
Por Ale Pombo
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) ha emitido una amenaza de paro en el transporte público del interior del país en respuesta a una deuda que el Estado Nacional mantiene con las empresas del sector, ascendente a la cifra de $14.280 millones.
En un comunicado oficial, la FATAP expresó su preocupación por la situación económica en la que operan los servicios de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos en el interior de Argentina, señalando que, de persistir las condiciones actuales y sin la asistencia necesaria del Estado Nacional, se verán obligados a suspender los servicios a partir del 1 de octubre.
La federación también advirtió que en las próximas semanas podrían reducirse servicios y suspenderse a trabajadores como un último recurso para evitar una paralización completa de la actividad. Se estima que esta medida afectaría a alrededor de 10 millones de pasajeros que dependen del transporte público en el interior del país.
La FATAP argumenta que el Gobierno nacional arrastra una deuda desde febrero, y las empresas de colectivos en el interior del país ya no pueden hacer frente a los crecientes costos operativos, que han superado el índice de inflación. Esta situación ha llevado a la suspensión indefinida de trabajadores y del servicio nocturno a partir del 1 de octubre.
Además, la federación denuncia un trato desigual por parte del Gobierno, alegando que mientras la inflación supera el 100%, el transporte del interior ha experimentado un recorte del 32% en los fondos asignados, en contraste con un aumento del 46% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La FATAP subraya que esta disparidad en el giro de fondos asfixia a las empresas del interior y exige una revisión inmediata de esta situación.
En resumen, la amenaza de paro en el transporte público del interior del país es una respuesta contundente de la FATAP a la deuda millonaria que el Gobierno mantiene con las empresas de colectivos, resaltando las dificultades económicas que enfrentan y la necesidad de un trato equitativo en la distribución de los fondos.
