Por Gabriel Rodríguez
En un avance significativo en la investigación del atentado contra la AMIA, el juez Ariel Lijo ordenó la desclasificación de un importante documento de inteligencia. La medida responde a un pedido de la querella de Memoria Activa y busca preservar documentación en riesgo.
El juez dispuso “declarar de acceso público el informe elaborado por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, titulado ‘Temática: A.M.I.A. La conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores’”. Este documento, conocido como “Informe Toma”, fue elaborado durante la gestión de Miguel Ángel Toma, bajo el gobierno interino de Eduardo Duhalde, y fue utilizado como prueba en el primer juicio llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3.
“La publicidad del documento encuentra anclaje normativo en las decisiones administrativas de desclasificación. (…) El informe goza de carácter público”, resolvió Lijo, uno de los candidatos del gobierno para la Corte Suprema.
Además, el juez Lijo ordenó a la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional cumplir con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto PEN n° 213/20, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández. Este artículo establecía la formación de una “mesa de diálogo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, a fin de procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y delitos conexos”. Esta mesa debería incluir representantes de la AFI, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, así como víctimas, familiares y querellantes en los procesos relacionados.
Preocupado por la conservación de las pruebas recolectadas a lo largo de los 30 años de investigación, Lijo también ordenó una inspección judicial en las instalaciones del edificio Barolo. Esta inspección tiene el objetivo de analizar las preocupaciones sobre la conservación de la documentación en función del riesgo edilicio y la adecuación del inmueble para dicho fin. Para ello, se convocará a personal designado del Archivo Nacional de la Memoria.
Finalmente, el juez requirió a la AFI que arbitre la forma en que el Área de Análisis de la UFI AMIA tenga acceso a la base de datos de la Agencia, en relación con las necesidades del tratamiento y análisis de la documentación transferida. Esta medida busca garantizar que el equipo de investigación tenga los recursos necesarios para avanzar en el esclarecimiento del atentado y sus encubrimientos.
Esta desclasificación y las acciones ordenadas por el juez Lijo representan un paso importante hacia la transparencia y la justicia en una de las causas más emblemáticas de la historia reciente de Argentina.
