Captaban personas vulnerables para mover dinero con billeteras virtuales

Una funcionaria de la Procuración General bonaerense fue procesada en La Plata por su presunta participación en una organización dedicada a captar datos personales y biométricos para abrir billeteras virtuales y canalizar dinero de origen presuntamente ilícito. La investigación, a cargo de la fiscal Betina Lacki, apunta a una estructura que habría utilizado a personas vulnerables como “mulas” financieras.

La acusada es Albertina Mangini, quien se desempeñaba en el Patronato de Liberados y quedó vinculada a una causa por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado. La fiscalía investiga además el destino de importantes sumas de dinero y la posible conexión con un circuito de juego online ilegal.

Mangini fue citada a declarar, pero se negó a responder preguntas. También fueron detenidos Ignacio Marchioni, en Quilmes, y Mauro Perrota, en Mar del Plata. De los tres imputados, solo Marchioni prestó declaración y sostuvo que se dedicaba al corretaje y las inversiones.

Según la hipótesis de la fiscalía, la organización habría funcionado al menos entre fines de 2023 y agosto de 2024. La pesquisa detectó una operatoria basada en múltiples cuentas digitales, identidades de terceros y dispositivos utilizados para dificultar el seguimiento del dinero.

El mecanismo investigado se conoce como “smurfing” o “pitufeo”: consiste en fragmentar grandes movimientos de dinero en numerosas operaciones de menor volumen para intentar evitar los controles financieros.

Para conseguir las identidades, los investigadores sospechan que la organización contactaba a personas en situación de vulnerabilidad y les ofrecía alrededor de $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos.

Las víctimas eran citadas en un bar ubicado en la zona de 7 y 56, en el centro de La Plata. Allí, según la investigación, les tomaban fotografías, escaneaban sus rostros y utilizaban esa información para abrir cuentas en billeteras virtuales.

Esas cuentas posteriormente habrían sido utilizadas para recibir y transferir fondos. Parte del dinero era derivado, de acuerdo con la hipótesis fiscal, hacia un casino online ilegal y luego presentado como resultado de supuestas ganancias obtenidas mediante el juego.

La investigación había avanzado con allanamientos realizados después de varios meses de análisis de información financiera y digital. La causa busca determinar ahora el volumen total de dinero involucrado, el origen de los fondos y la cantidad de personas que pudieron haber sido utilizadas para la maniobra.

Sobre Mangini, además, los investigadores analizan si su función dentro del Patronato de Liberados le habría permitido acceder a personas especialmente vulnerables o bajo supervisión estatal. Esa circunstancia podría derivar en una acusación adicional por un eventual abuso de su función pública.

La funcionaria había sido imputada inicialmente en abril, cuando la causa comenzó a tomar estado público. En ese momento, la fiscalía ya investigaba el presunto uso de billeteras virtuales, datos personales y cuentas digitales como parte de una estructura organizada.

La Justicia continúa con el análisis de la documentación financiera y de los dispositivos secuestrados para establecer cómo se movían los fondos y quiénes ocupaban los distintos roles dentro de la presunta organización.

Aclaración sobre el monto: la cifra de $27.000 millones que figura en la nota original no pude corroborarla en fuentes periodísticas confiables consultadas. Por eso no la presento como un hecho confirmado en el cuerpo de la nota. Una publicación difundida este lunes incluso señala una discrepancia entre esa cifra y versiones que hablan de $27 millones, por lo que el monto requiere confirmación judicial antes de ser utilizado como dato cerrado.