Cámara de Casación ratifica condena a Cristina Kirchner por fraude en obra pública
Por Alejo Pombo
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos ratificaron la condena de seis años de prisión a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» en el marco de la causa Vialidad. En una sentencia de 1.541 páginas, los magistrados fundamentaron los elementos clave de su fallo, centrado en la participación de la ex mandataria en una maniobra de desvío de fondos públicos a través de contratos de obra vial en la provincia de Santa Cruz.
Entre los aspectos fundamentales de la sentencia, los jueces destacaron que «todas las pruebas permiten acreditar (con el grado de certeza que requiere una condena) la responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner en el delito». Según el tribunal, hubo un conjunto de actos desde el Poder Ejecutivo Nacional que apuntaban a concretar una serie de irregularidades a través de Austral Construcciones S.A., propiedad de Lázaro Báez, quien fue beneficiado con contratos millonarios sin competencia real.
La condena especifica que Fernández de Kirchner firmó el Decreto PEN 54/2009, otorgando a la Dirección Nacional de Vialidad plena discrecionalidad en el uso de fondos para obra pública vial, con la intervención del entonces Secretario de Obras Públicas, José López. El tribunal indicó que, además de esta decisión ejecutiva, la ex presidenta ignoró denuncias de corrupción y, en colaboración con otros funcionarios y empresarios, buscó asegurar impunidad para estas maniobras.
Para los jueces, estos elementos “permitieron desvirtuar los planteos de las defensas” que intentaban redirigir la responsabilidad hacia los jefes de Gabinete, ya que, como máxima autoridad, fue Fernández de Kirchner quien, según la sentencia, “intervino directamente en la maniobra defraudatoria enjuiciada, condenada y confirmada”.
Otro aspecto señalado fue el inicio de actividades de Austral Construcciones S.A., que comenzó a operar poco antes de recibir la adjudicación de numerosos contratos de obra pública en Santa Cruz sin licitación o competencia, beneficiándose directamente del manejo discrecional de fondos. Los jueces señalaron que «los indicios de tenor subjetivo demostraron el conocimiento y la voluntad de realizar la maniobra» por parte de la ex presidenta, lo que resultó en su condena.
