Por Gabriel Rodriguez
La investigación por presunta extorsión relacionada con beneficios de planes sociales sigue avanzando, con los líderes piqueteros bajo escrutinio judicial.
En una jornada marcada por intensos operativos, alrededor de 30 allanamientos tuvieron lugar ayer como parte de la pesquisa por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, declaró: «Es la primera vez que hay una decisión política de poner fin a estos falsos líderes sociales que tienen poco de sociales y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen liderar».
Los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita y autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en cientos de llamadas a la línea 134, apuntan a identificar y procesar a 27 dirigentes sociales, incluyendo a Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero, así como a miembros de Barrios de Pie y otras organizaciones. Estos dirigentes enfrentan cargos por extorsión.
Aunque inicialmente se solicitaron detenciones, estas fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. Sin embargo, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos del lunes.
La fiscalía identificó tres modalidades de extorsión relacionadas con los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes obligaban a los afiliados a pagar una «cuota» para contribuir a los comedores, los forzaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de perder la ayuda o no recibir suministros.
Los allanamientos marcan un avance en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. El descubrimiento de dinero y elementos probatorios fortalece la investigación y subraya la determinación del Ministerio de Seguridad y la Justicia en desmantelar estas estructuras de poder disfrazadas de ayuda social. La próxima fase apunta a esclarecer la magnitud de las operaciones y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley.
