23 mayo, 2024

Piquetes: casi 30 allanamientos y varios imputados por «extorsión» para asistir a protestas

0

Una serie de allanamientos realizados este lunes forman parte de una investigación en curso sobre posibles extorsiones por parte de dirigentes de varias organizaciones sociales para obligar a manifestantes a asistir a protestas.

Por Gabriel Rodriguez

Una serie de allanamientos realizados este lunes forman parte de una investigación en curso sobre posibles extorsiones por parte de dirigentes de varias organizaciones sociales para obligar a manifestantes a asistir a protestas.

Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita tras una denuncia del Ministerio de Seguridad, que recibió cientos de llamados a la línea 134, habilitada por la cartera dirigida por Patricia Bullrich.

La pesquisa ha resultado en la imputación de 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti del Partido Obrero, así como otros líderes de Barrios de Pie y diferentes organizaciones sociales.

Inicialmente, el fiscal solicitó detenciones que fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello, pero la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se llevó a cabo este lunes.

Según la fiscalía, las extorsiones estaban relacionadas con los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes obligaban a los afiliados a pagar una «cuota» para los comedores, vender alimentos recibidos del Estado y asistir a manifestaciones bajo amenaza de perder la ayuda.

El esquema de extorsión también incluía diferentes niveles de beneficiarios, como los que estaban en «listas de espera» para el plan Potenciar Trabajo y debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan.

Durante los allanamientos, se encontraron pruebas que respaldan estas acusaciones, incluyendo mensajes que detallan las sanciones por no cumplir con las exigencias de los dirigentes.

Los delitos imputados incluyen extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los allanamientos se llevaron a cabo en comedores y residencias particulares después de una investigación exhaustiva que incluyó intervenciones telefónicas autorizadas por el juzgado.

Estos acontecimientos subrayan la gravedad de las acusaciones y la importancia de garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia por sus acciones, que han perjudicado gravemente los intereses de los más necesitados.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *