Berardo y Ramírez imputados por corrupción: firmaron contratos días antes de dejar el cargo
Por Alejo Pombo
se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra del ex secretario General de la Gobernación, Miguel “Micky” Berardo, y la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, ambos imputados por tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de una causa por corrupción.
La fiscal adjunta, Antonella Córdoba, detalló durante la audiencia que entre el 4 y 6 de diciembre de 2023, pocos días antes de dejar sus cargos, Berardo y Ramírez firmaron tres contratos para obras en la ciudad de La Punta por un total de $87.500.000. Dichos fondos estaban destinados a trabajos como el movimiento de suelo, cierre perimetral y nivelación de canchas de fútbol, pero estas tareas nunca se realizaron. A pesar de la falta de avances, el Estado desembolsó el 100% del monto total, violando la normativa que establece que sólo debe anticiparse el 30% de una obra, y que el resto se paga al finalizar los trabajos.
La empresa beneficiada, MyD Construcciones SRL, fue contratada de manera directa, sin licitación pública, amparándose en una excepción de la ley, a pesar de que superaba los $5 millones permitidos para esta modalidad. Córdoba destacó que no se justificó la urgencia o el interés público, como exige la ley, y que la empresa contratada sólo ha facturado al Ente de Deportes, lo que también levanta sospechas de una relación irregular.
Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, añadió que Berardo y Ramírez autorizaron y pagaron los contratos a días de dejar sus puestos, y que no existen pruebas de la ejecución de las obras. Además, mencionó que Ramírez habría transferido dinero a la cuenta personal del socio gerente de MyD, lo que sugiere un posible vínculo personal en la maniobra ilícita.
Durante la audiencia, Berardo se abstuvo de declarar, mientras que Ramírez alegó persecución política y aseguró que las obras fueron realizadas, a pesar de la falta de pruebas que lo respalden. Ambos imputados deberán firmar el libro de imputados por cuatro meses, tienen prohibido salir de la provincia y sus bienes han sido embargados por $87.500.000 mientras continúa la investigación.
La causa sigue avanzando, y no se descarta que surjan nuevas pruebas que agraven la situación legal de los exfuncionarios del gobierno de Rodríguez Saá.
