11 noviembre, 2026

Denunciaron a un juez de Villa Mercedes por demorar 21 años un juicio

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Una causa iniciada en 2005 para recuperar un inmueble rural sigue sin sentencia en Villa Mercedes. La abogada Marina Ziliotto denunció administrativamente al juez Geremías Férez y cuestionó la pérdida de un expediente, el rechazo de planteos y la falta de avances en otro juicio vinculado con la misma propiedad.

Un juicio para recuperar un campo lleva 21 años sin resolución en Villa Mercedes y motivó una denuncia administrativa contra el juez Geremías Pablo Férez, titular del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental Nº 2. La presentación fue realizada por la abogada Marina Ziliotto ante la Oficina de Sumarios Administrativos, donde solicitó que se investigue la actuación del magistrado por las demoras en dos expedientes vinculados con el mismo inmueble rural.

El conflicto comenzó en 2005 con una demanda de reivindicación presentada por los propietarios registrales del campo. En 2011, cuando esa causa ya había terminado la etapa de prueba y estaba en condiciones de avanzar hacia una sentencia, la contraparte inició otro proceso para obtener la propiedad mediante prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión.

En 2014, la Cámara resolvió que ambos expedientes debían tramitar por separado, pero concluir con una sentencia única. Desde entonces, según denunció Ziliotto, la segunda causa prácticamente no avanzó y mantiene paralizado el expediente original.

“Eso fue en 2014. Ahora estamos en 2026 y todavía no se logra que se corra traslado de la demanda. Ni siquiera se hizo la prueba”, explicó la abogada.

Un expediente perdido y nuevos pedidos de documentación

Entre los episodios cuestionados figura la desaparición del expediente en papel. Según la denuncia, en octubre de 2025 el juzgado ordenó localizarlo y recién pudo ser encontrado en mayo de 2026, siete meses después.

Tras ese episodio, la abogada solicitó digitalizar la documentación para garantizar el acceso de las partes y evitar nuevas pérdidas. Sin embargo, aseguró que el pedido fue rechazado.

La demora continuó con nuevos requerimientos de documentación. El 17 de junio de 2026, los abogados presentaron nuevamente informes de Catastro, del Registro de la Propiedad, domicilios de los demandados y un estudio de títulos.

El 30 de junio solicitaron que se corriera traslado de la demanda, pero el planteo fue rechazado el 2 de julio y el juzgado exigió nuevas actuaciones.

Ziliotto cuestionó que se les hayan requerido informes actualizados que ya habían sido incorporados anteriormente y que, después de cumplir con esas exigencias, tampoco se habilitara el avance del proceso.

La abogada también indicó que ambas partes habían solicitado en distintos momentos que se destrabara el expediente, sin obtener resultados.

Piden investigar la actuación del magistrado

La denuncia administrativa solicita que se abra un sumario contra Férez y se evalúe la aplicación de una eventual sanción disciplinaria. Los denunciantes sostienen que las demoras podrían vulnerar el derecho a obtener una resolución judicial dentro de un plazo razonable.

Ziliotto aclaró que la presentación no constituye una denuncia penal, sino un planteo administrativo para que se analice el funcionamiento del juzgado y la conducción de las causas.

Según informó, la Oficina de Sumarios Administrativos ya dictó un primer decreto y solicitó ambos expedientes para examinarlos.

En la presentación también se citan antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionados con las demoras judiciales y la posible configuración de una situación de privación de justicia.

“Lo concreto es que estamos hace 21 años con un juicio sin resolución y desde 2014 sin poder avanzar esta etapa”, sostuvo la abogada.

Además, advirtió que todavía resta desarrollar la etapa probatoria del expediente de prescripción adquisitiva antes de que ambos procesos puedan quedar en condiciones de sentencia.

“La Justicia no te puede estar sometiendo 21 años a un proceso. Es inhumano”, expresó Ziliotto, quien consideró que, si no se modifica el ritmo de tramitación, el conflicto podría prolongarse durante muchos años más.

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