San Luis: Diputados aprobó la reforma penal juvenil y pasa al Senado

La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción este miércoles al proyecto de adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, por 27 votos a favor y 10 en contra. La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, busca adaptar los procedimientos judiciales provinciales a la Ley Nacional 27.801, que establece la responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años. Ahora, el proyecto será tratado por el Senado provincial.

La propuesta modifica el Código Procesal Penal de San Luis y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para establecer reglas específicas para adolescentes de entre 14 y 18 años en conflicto con la ley penal. Entre sus objetivos figuran garantizar derechos durante el proceso judicial, contemplar medidas alternativas a la privación de la libertad y promover la reparación del daño y la reintegración social.

El oficialismo defendió la adecuación a la ley nacional

Durante el debate, la diputada oficialista Fabiana Zárate sostuvo que las provincias deben adaptar sus procedimientos judiciales a la nueva legislación nacional. También planteó que era necesario actualizar el régimen anterior, cuya base normativa databa de 1980.

Zárate remarcó que la aplicación de la ley debe respetar las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese marco, señaló que la privación de la libertad debe ser una medida excepcional y utilizarse durante el menor tiempo posible.

El proyecto contempla asistencia especializada para los adolescentes, información comprensible sobre las actuaciones judiciales, el derecho a ser escuchados y medidas para proteger su identidad y privacidad. También incorpora herramientas como la mediación penal juvenil, el criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado.

Entre las medidas previstas figuran las amonestaciones, las restricciones de contacto o de concurrencia a determinados lugares, los servicios comunitarios, el monitoreo electrónico y la reparación del daño. En los casos en que se disponga la privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de los adultos y bajo supervisión de personal capacitado.

La oposición cuestionó los recursos para implementar el régimen

El presidente del bloque opositor, Lucas Caymes, cuestionó que el proyecto no detalle cómo se financiarán ni organizarán los recursos necesarios para aplicar la nueva normativa. Señaló que el texto establece obligaciones para el Estado, pero deja aspectos centrales sujetos a futuras reglamentaciones.

Entre sus objeciones, mencionó la falta de precisiones sobre los establecimientos destinados a alojar a adolescentes privados de la libertad y la cantidad de supervisores que deberán encargarse de su seguimiento. También advirtió que el proyecto no determina plazos concretos ni identifica con claridad los recursos económicos necesarios.

En respuesta, la diputada oficialista Eugenia Gallardo afirmó que el presupuesto provincial de 2027 contempla gastos para adecuar la infraestructura y poner en funcionamiento el régimen. Además, mencionó una licitación de vehículos destinados a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

Sosa Araujo advirtió sobre la falta de personal especializado

La diputada opositora Silvia Sosa Araujo también cuestionó la elaboración del proyecto y reclamó una mayor participación de los profesionales que deberán intervenir en su aplicación. Preguntó por qué no se convocó a los colegios de abogados y procuradores y planteó dudas sobre la participación de los jueces penales juveniles de la provincia.

La legisladora vinculó sus objeciones con los cambios en la estructura judicial y la eliminación de cargos de psicólogos y profesionales de equipos técnicos, según señaló durante el debate. A su entender, esos recursos humanos serán necesarios para atender las demandas del nuevo sistema.

También objetó que la iniciativa prevea su aplicación desde la publicación en el Boletín Oficial, sin establecer un período específico para completar las adecuaciones. Por ese motivo, consideró que todavía no están garantizadas todas las condiciones materiales y profesionales para su puesta en marcha.

El proyecto continuará su tratamiento en el Senado

La media sanción dejó expuestas dos posiciones sobre la reforma. Desde el oficialismo destacaron la necesidad de adecuar los procedimientos provinciales a la ley nacional y establecer garantías específicas para los adolescentes, junto con herramientas alternativas a la privación de la libertad.

La oposición, en cambio, centró sus cuestionamientos en la planificación, el presupuesto, la infraestructura y la disponibilidad de personal especializado para aplicar las nuevas disposiciones.

Con la aprobación de la Cámara de Diputados por 27 votos contra 10, el proyecto pasó al Senado de San Luis, donde deberá continuar su tratamiento legislativo.