Palacios pidió protección para ella y su hija tras recibir amenazas
La fiscal de Juicio María Virginia Palacios denunció que recibió información sobre un supuesto plan para asesinarla a ella y a Jorge “Neneto” Novillo. También rechazó acusaciones que la vinculaban con un robo y con la supuesta entrega de dinero para favorecer a un sospechoso. Desde el 20 de septiembre cuenta con custodia del COAR.

La fiscal de Juicio María Virginia Palacios denunció haber recibido información sobre un supuesto plan para asesinarla a ella y a Jorge “Neneto” Novillo, en el marco de una investigación por el robo de una importante suma de dinero. La presentación fue realizada el 16 de septiembre y derivó en un esquema de custodia del COAR para la funcionaria y protección vinculada con su hija.
Según consta en la denuncia, Palacios recibió la información a través de Jorge Novillo y su abogado, quienes le habrían transmitido dichos atribuidos a un interno del Servicio Penitenciario. La fiscal sostuvo que las versiones también la vinculaban con el dinero del robo y con supuestas maniobras para obstaculizar la investigación, acusaciones que rechazó.
Palacios relató que mantiene desde hace años una relación de amistad con Jorge “Neneto” Novillo y su familia. Según su presentación, el 8 de mayo recibió un llamado de la esposa de su amigo mientras regresaba de Córdoba y fue informada de que se estaba realizando un allanamiento.
En ese momento, afirmó, tomó conocimiento de que Novillo había sido señalado como principal sospechoso del robo de dinero que habría sufrido su hermano, Ernesto Novillo, conocido como “el Tomero”.
“Siempre creí en la inocencia de Neneto”, expresó Palacios en la denuncia. Al mismo tiempo, aseguró que se mantuvo al margen de la investigación y que su actuación podía ser revisada mediante una auditoría de las actuaciones judiciales.
La fiscal también negó haber guardado dinero del robo en una propiedad ubicada en El Volcán y rechazó la versión de que hubiera intervenido para demorar o impedir un allanamiento en la vivienda de su hermano. Según su relato, nunca tuvo conocimiento previo de esa medida.
La versión sobre el supuesto ataque
El tramo más delicado de la presentación aparece cuando Palacios relata la información que recibió sobre un supuesto encargo para asesinarla.
Según la denuncia, Jorge Novillo y su abogado le transmitieron que un interno de apellido Fábrega, conocido como “Coco”, habría manifestado conocer un supuesto pago realizado por Ernesto Novillo a Nicolás Mauricio Gómez, alias “el Porteño”, para matar a la fiscal y a Jorge Novillo.
Palacios agregó que la madre del interno también habría tenido conocimiento de esa información y que estaría dispuesta a declarar.
La fiscal reconoció además que conocía a Gómez porque había realizado trabajos de mantenimiento en su domicilio. Afirmó que no había tenido inconvenientes con él y que lo había visto por última vez meses antes de su última detención.
Otro de los señalamientos que rechazó surgió a partir de una presentación atribuida a la pareja de Gómez. Según Palacios, la mujer la habría acusado de haberlo ayudado a profugarse y de haber recibido 180 mil dólares a cambio de su libertad.
La funcionaria negó esas acusaciones y sostuvo que no había intervenido como jueza ni como fiscal en la última medida de coerción que involucró a Gómez.
Por qué pidió protección
Palacios sostuvo que la circulación de esas versiones había elevado el riesgo para su integridad y su patrimonio y pidió medidas de protección para ella y su hija.
La denuncia derivó en la intervención de las autoridades de seguridad. La ministra Nancy Sosa confirmó posteriormente que la fiscal cuenta con protección del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR).
El dispositivo comenzó el 20 de septiembre e incluye vigilancia en el domicilio de Palacios y acompañamiento durante sus desplazamientos. La medida fue dispuesta preventivamente por el jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Serrano, luego de que la funcionaria expusiera su situación.
La investigación quedó bajo intervención de la Unidad de Abordaje Fiscal, que deberá determinar el alcance de los hechos denunciados y las medidas que correspondan.
Mientras tanto, las acusaciones mencionadas en la presentación —incluido el supuesto plan para asesinar a la fiscal— forman parte de la denuncia y deberán ser corroboradas judicialmente. Hasta el momento, no constituyen hechos acreditados.
