Nuevo fallo contra el Régimen Penal Juvenil: una jueza porteña declaró inconstitucional la ley y sobreseyó a un adolescente

La Justicia porteña volvió a cuestionar el nuevo Régimen Penal Juvenil. La jueza Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró inconstitucional la aplicación de la norma en una causa por tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años.

La decisión se produjo a pocas semanas de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que comenzó a regir el 5 de septiembre y establece un nuevo régimen para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos.

El expediente se inició a partir de la denuncia de un hombre de 47 años que caminaba por la vía pública y observó a un grupo de jóvenes. Según su relato, uno de ellos le gritó: “Dame todo. Dame el celular”. Ante la situación, la víctima escapó y pidió ayuda a un agente de la Policía de la Ciudad.

En su resolución, De Marinis consideró que la conducta investigada había quedado en grado de tentativa y que el adolescente debía ser considerado no punible. La magistrada entendió que, aunque la situación podía haber generado intimidación, el robo no llegó a consumarse porque la víctima logró evadir al grupo y solicitar asistencia policial.

Uno de los ejes del fallo fue la respuesta que debe dar el Estado ante las conductas delictivas protagonizadas por adolescentes. De Marinis planteó la necesidad de preguntarse cuál debe ser la intervención del mundo adulto frente a una infracción penal cometida por un menor y sostuvo que la incorporación al sistema penal debe constituir “el último recurso”.

La jueza señaló además que el abordaje estatal debe contemplar los organismos destinados a la asistencia y al reconocimiento de derechos de niños y adolescentes. En ese sentido, aclaró que esa perspectiva no implica “romantizar” las infracciones juveniles, sino discutir cuál es la respuesta institucional adecuada frente a esos casos.

El fallo generó fuertes cuestionamientos políticos. La senadora Patricia Bullrich criticó la decisión y sostuvo en sus redes sociales que existen jueces “más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”. También calificó a esos magistrados como “garantistas” y afirmó que, a su entender, sus decisiones generan impunidad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también cuestionó públicamente la resolución y anunció que impulsaría un pedido de juicio político. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia”, escribió en sus redes sociales, al referirse al fallo.

La decisión de De Marinis se suma a la controversia judicial que rodea a la Ley 27.801, aunque existe una diferencia importante con el antecedente bonaerense. La jueza Marta Pascual, de Lomas de Zamora, había suspendido durante 60 días la aplicación de la norma en toda la provincia de Buenos Aires, pero esa medida fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora. Los camaristas consideraron que una medida cautelar no podía suspender con alcance general una ley nacional sancionada por el Congreso.

Por ese motivo, el fallo porteño constituye un nuevo cuestionamiento judicial al régimen, pero no implica la suspensión de la ley en la Ciudad de Buenos Aires ni en el resto del país. Su efecto queda circunscripto al caso analizado por la magistrada, aunque podría abrir nuevos planteos judiciales sobre la constitucionalidad de la norma.

La discusión sobre la edad de responsabilidad penal juvenil queda así nuevamente en el centro de la agenda judicial y política, mientras el nuevo régimen comienza a implementarse y los tribunales analizan sus alcances en casos concretos.