La Legislatura postergó el desafuero de Joaquín Beltrán y analizará si ya están dadas las condiciones para avanzar

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de San Luis decidió postergar hasta la próxima semana el dictamen sobre el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán, luego de que la defensa del legislador presentara un planteo que cuestiona si están dadas las condiciones procesales para avanzar con la medida.

La comisión tenía previsto emitir despacho este martes, pero el lunes ingresó a la Presidencia de la Cámara una presentación de los abogados de Beltrán. El planteo sostiene que, de acuerdo con el actual Código Procesal Penal de la provincia, un diputado podría ser desaforado recién cuando haya sido acusado formalmente y no mientras permanezca únicamente en condición de imputado.

El presidente de la comisión, Carlos Pereira, explicó que, aunque el oficialismo mantiene una posición política contraria al diputado investigado en la causa vinculada al Complejo Molino Fénix, resolvieron tomarse unos días para estudiar los argumentos de la defensa.

«Nos vamos a tomar unos días para atender esta nota de la defensa, también buscando darle las mayores garantías al requerido, de amplia defensa ante la Legislatura y ante quien corresponda, y sacar un despacho muy bien fundado política y jurídicamente», señaló Pereira.

Los diputados volverán a reunirse el próximo martes y deberán determinar si aceptan el argumento de la defensa o si consideran que el pedido de desafuero puede avanzar en el estado actual de la investigación.

La discusión entre la Constitución y el nuevo Código Procesal Penal

Uno de los puntos centrales del debate es la relación entre el artículo 125 de la Constitución provincial y las reglas establecidas por el actual sistema procesal penal.

La Constitución establece que, cuando existe una denuncia criminal contra un diputado o senador, la Cámara correspondiente debe tratar el pedido en la sesión inmediata a aquella en la que se informa el hecho. También establece que, con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus integrantes, el cuerpo puede suspender al legislador y ponerlo a disposición del juez competente.

Pereira reconoció que, bajo una interpretación estricta de ese artículo, el tratamiento debería producirse en estos días.

«En rigor deberíamos haberlo tratado mañana, en la sesión del día miércoles», afirmó.

Sin embargo, el legislador planteó que existe una discusión jurídica porque la Constitución provincial fue sancionada en 1987, mientras que posteriormente se modificaron las reglas del proceso penal.

«Tenemos una Constitución del año 87 que prevé ese precepto, pero a su vez tenemos un Código Procesal nuevo, con reglas del proceso penal modernas, que dejó de lado lo que se llama el sistema inquisitivo por uno que se llama acusatorio adversarial», explicó.

Según Pereira, esa diferencia obliga a la Legislatura a analizar cuidadosamente qué norma debe aplicarse y bajo qué condiciones corresponde avanzar con el desafuero.

¿Cuántos votos hacen falta?

Otro de los puntos en discusión es la mayoría necesaria para aprobar la medida.

Pereira señaló que algunos pasajes de la presentación fiscal podrían interpretarse como que alcanza una mayoría simple. Sin embargo, anticipó que su posición es que debe prevalecer lo establecido expresamente por la Constitución.

«La letra del artículo 125 de la Constitución habla de que, para desaforar, en este caso, donde no hay flagrancia, se requieren los dos tercios de la totalidad de los integrantes del cuerpo», sostuvo.

La Cámara de Diputados está integrada por 43 legisladores, por lo que, bajo esa interpretación, serían necesarios 29 votos para alcanzar los dos tercios del total.

La cuestión será otro de los aspectos que deberá resolver la comisión antes de emitir su dictamen.

Desafuero no es lo mismo que suspensión

En medio de la discusión, Pereira también diferenció el desafuero de una eventual suspensión del legislador.

«Se puede desaforar sin suspender», explicó, y recordó como antecedente el caso del exsenador provincial Ariel Rosendo, cuyo procedimiento incluyó la suspensión.

La diferencia resulta relevante porque el pedido del Ministerio Público Fiscal apunta a obtener las condiciones necesarias para avanzar con una eventual prisión preventiva de Beltrán, a quien la Fiscalía atribuye un rol central en la presunta asociación ilícita investigada en torno al Complejo Molino Fénix.

El fiscal José Olguín fundamentó el pedido cautelar en la existencia de riesgos procesales y, particularmente, en un supuesto peligro de entorpecimiento de la investigación.

Entre los elementos señalados por el Ministerio Público aparece la posibilidad de que se afecte la conservación de pruebas, incluida información almacenada en dispositivos electrónicos.

La situación procesal de Beltrán

Pereira explicó que una eventual prisión preventiva no necesariamente tendría que limitarse a los 60 días solicitados inicialmente por la Fiscalía, ya que podría prorrogarse si persisten los riesgos procesales que fundamenten la medida.

«Puede estar privado preventivamente, provisoriamente, de su libertad hasta el efectivo juicio y debate oral», sostuvo, aunque aclaró que también podría ocurrir que la medida cautelar fuera levantada y Beltrán continuara el proceso en libertad.

El legislador también indicó que, según la información que maneja, la defensa habría presentado un pedido de eximición de prisión.

De todos modos, independientemente de cómo se resuelva la situación cautelar, la investigación continuará y deberá determinarse posteriormente si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

Pereira consideró que el expediente tiene además un componente institucional particular porque no recuerda antecedentes recientes de un desafuero de un diputado provincial en San Luis.

«Tiene algo inédito. Yo no tengo referencia de que un caso de un diputado donde se haya tratado un desafuero. En el Senado sí, en el caso Rosendo», señaló.

Pedido de sanción contra Sosa Araujo

Durante la misma entrevista, Pereira también se refirió al pedido de sanción que presentó contra la diputada Silvia Sosa Araujo por expresiones realizadas durante el debate sobre la necesidad de una reforma constitucional.

En aquella sesión, Sosa Araujo cuestionó que personas que no nacieron en San Luis pretendan modificar la Constitución provincial. Pereira había calificado entonces esas expresiones como «cuasi xenófobas».

«Me pareció una cosa muy chauvinista», reiteró el diputado.

Pereira sostuvo que la legislación permite ser candidato y representar a la provincia a quienes cumplen con los requisitos establecidos, independientemente de su lugar de nacimiento, y consideró improcedente poner en duda la legitimidad de un representante por ese motivo.

Según explicó, la Mesa Directiva de la Cámara analiza actualmente el planteo.

«Ya es la segunda amonestación que es requerida por los miembros del cuerpo. El reglamento exige normas de convivencia», afirmó.

El legislador señaló además que una eventual sanción podría tener consecuencias sobre la participación de Sosa Araujo en las sesiones, entre ellas la posibilidad de ser privada del uso de la palabra o incluso sufrir un descuento de su dieta, según lo que finalmente determine la Cámara.

Por ahora, el foco de la Legislatura estará puesto en el pedido de desafuero de Beltrán. La comisión retomará el análisis el próximo martes, cuando deberá definir si la defensa logró introducir un obstáculo procesal para avanzar con la medida o si, por el contrario, corresponde emitir dictamen y llevar la discusión al recinto.