La secretaria privada de Poggi y los negocios familiares que quedaron bajo la lupa
María del Carmen Molina ocupa uno de los lugares de mayor confianza dentro del gobierno de Claudio Poggi. Su cercanía con el gobernador y la participación de familiares en distintas áreas vinculadas al Estado provincial generaron cuestionamientos y versiones sobre posibles beneficios económicos. La situación incluye cargos públicos, servicios de transporte y un emprendimiento inmobiliario en El Suyuque.
María Elida del Carmen Molina ocupa la Secretaría Privada de la Gobernación y es una de las funcionarias que mantiene mayor cercanía con Claudio Poggi. Su designación en el cargo fue formalizada por el Decreto Nº 6396-SGG-2026, firmado el 17 de junio de este año.
Su recorrido político incluye además su paso por el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis y distintas funciones dentro del espacio político de Poggi. Desde ese lugar construyó una relación de confianza con el gobernador que, según fuentes consultadas, le permitió convertirse en una figura con conocimiento de buena parte de los movimientos internos de la administración provincial.
El cuestionamiento que aparece alrededor de Molina está vinculado principalmente con su entorno familiar. Según las versiones recogidas en ámbitos políticos y gubernamentales, dos de sus hijos tendrían vínculos laborales con organismos del Estado provincial. Uno de ellos se habría incorporado como empleado administrativo del Hospital Central Ramón Carrillo, mientras que su hija, Candela Escudero, ocupa la Dirección de Beneficios Estudiantiles del Ministerio de Educación, área que administra programas como las Becas al Mérito y los boletos gratuitos.
Estos vínculos son señalados como contradictorios con el discurso oficial del Gobierno provincial respecto de evitar el favorecimiento de familiares mediante contrataciones estatales. Sin embargo, para establecer la existencia de un beneficio irregular sería necesario contar con documentación que permita determinar las condiciones de cada designación y contratación.
Otro de los nombres mencionados es el de Ariel Molina, hermano de la secretaria privada. De acuerdo con las versiones citadas, su actividad empresarial estaría relacionada con el traslado terrestre de funcionarios y personal vinculado al Gobierno provincial.
También se señala que algunos vehículos utilizados para esos servicios estarían registrados a nombre de familiares. Entre los rodados mencionados aparecen una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux y un furgón Mercedes-Benz. La existencia de una relación comercial con el Estado, sus montos y las condiciones de contratación requieren documentación oficial para determinar el alcance económico de esos servicios.
El entramado familiar también aparece vinculado, según las fuentes citadas, con un emprendimiento inmobiliario ubicado en El Suyuque denominado Complejo Valle Victoria. El desarrollo se encontraría sobre un terreno que la familia Molina habría heredado y que posteriormente fue convertido en un loteo.
La zona adquirió además relevancia política a partir de la creación del municipio de El Suyuque, donde distintas versiones ubican a Molina entre quienes tendrían aspiraciones políticas a futuro.
El caso reúne así tres elementos que generaron cuestionamientos: la posición de Molina dentro del esquema de poder del Gobierno provincial, la presencia de familiares en actividades vinculadas con el Estado y el crecimiento de un emprendimiento inmobiliario familiar en una zona que también cobró relevancia política.
Hasta el momento, la documentación oficial permite confirmar la función de Molina como secretaria privada de la Gobernación, pero las acusaciones sobre supuestos negociados, beneficios indebidos o una utilización irregular de recursos públicos requieren pruebas documentales y, eventualmente, explicaciones de los involucrados para poder ser presentadas como hechos comprobados.
