Reforma del Banco Central: los ejes clave del proyecto que Diputados le giró al Senado

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó a un paso de estrenar una nueva Carta Orgánica, la ley que regula el funcionamiento de la máxima autoridad monetaria del país. La reforma que impulsa el presidente Javier Milei apunta a cortar de raíz el financiamiento del Tesoro con emisión, una de las vías consideradas históricamente como combustible de la inflación.

En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. El oficialismo reunió los votos de La Libertad Avanza junto con el PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica, sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia de Tucumán, Adelante Buenos Aires, Producción y Trabajo, La Neuquinidad y Por Santa Cruz. El diputado Santiago Pauli fue el miembro informante del oficialismo, mientras que el titular del BCRA, Santiago Bausili, respaldó el proyecto desde una mirada técnica y planteó la necesidad de establecer con claridad qué puede y qué no puede hacer una autoridad monetaria.

La iniciativa, una de las leyes centrales del segundo tramo del mandato presidencial hasta 2027 —que Milei había presentado meses atrás por cadena nacional—, ahora pasará al Senado. «Un paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos», celebró el mandatario en su cuenta de X tras la votación. La propuesta contiene cambios agrupados en seis ejes principales.

El primero redefine la misión del organismo: preservar el valor de la moneda pasa a ser su función única, primaria y fundamental. Así se abandona el esquema de objetivos múltiples vigente desde la reforma de 2012, que sumaba a la estabilidad de precios el fomento del empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El segundo punto nodal prohíbe de manera explícita el financiamiento del Tesoro Nacional. El BCRA ya no podrá otorgar adelantos transitorios al Gobierno, prestar a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires o a los municipios, ni comprar títulos públicos en el mercado primario. Según los fundamentos del proyecto, con el régimen anterior la administración pudo haber girado hasta 36,6 billones de pesos por esa vía, más del 80% de la base monetaria actual.

El tercer eje veda la creación de nuevas Letras Intransferibles, el instrumento con el que el fisco se quedó con reservas del Central a cambio de deuda sin valor de mercado. El saldo pendiente asciende a USD 69.400 millones a abril de 2025, y el proyecto fija un régimen transitorio para cancelarlo: hasta extinguirlo, parte de los resultados del Banco se destinará a ese único fin.

El cuarto punto del proyecto libertario fortalece la gobernanza de la entidad. La remoción del presidente y de los directores exigirá causales taxativas —como una falta grave y manifiesta en el ejercicio de sus funciones, que deberá derivar de hechos precisos e inequívocos— y la aprobación de ambas cámaras del Congreso con mayoría de dos tercios. Además, desaparece la comisión bicameral creada en 2010, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó desplazar de la presidencia del Central a Martín Redrado, así como el representante del ministerio de Economía en las reuniones del directorio.

El quinto ítem clave es el que restringe la distribución de utilidades: solo podrán girarse al Estado ganancias realizadas y líquidas, con exclusión expresa de las que surjan de variaciones del tipo de cambio o del valor del oro. Antes de habilitar cualquier transferencia, las reservas deberán equivaler como mínimo al 50% del capital del Banco, y los fondos solo podrán destinarse a cancelar deuda pública. La ley prevé excepciones acotadas, como escenarios de deflación.

El sexto y último eje endurece el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades. Quienes, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro mediante emisión monetaria quedarán expuestos a penalidades que, según lo anunciado por el Gobierno, incluyen penas de prisión.

La votación se dio en el marco de una sesión también caliente, en la que la oposición intentó llevar al recinto el debate por el endeudamiento y el aumento de la morosidad de las familias, sin éxito. En la misma jornada, Diputados le dio media sanción también al proyecto de Inocencia Fiscal II, con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. Ambas iniciativas quedaron ahora en manos del Senado para completar su trámite legislativo.