Diputados aprobó el Régimen de Consorcios Camineros en San Luis

La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción este miércoles al Régimen de Consorcios Camineros, por 28 votos contra 12, y habilitó el tratamiento de la iniciativa en el Senado provincial. El proyecto del Poder Ejecutivo busca delegar en productores, vecinos e instituciones rurales parte del mantenimiento de unos 4.600 kilómetros de caminos de la red vial secundaria, con financiamiento estatal.

La propuesta fue aprobada sin el acompañamiento de la oposición, que presentó un proyecto alternativo con diferencias en el tipo de entidad jurídica, el financiamiento y el alcance territorial del régimen.

La miembro informante del oficialismo, Eugenia Gallardo, sostuvo que la iniciativa busca modificar la manera en que se gestiona la red vial provincial y destacó el respaldo expresado por sociedades rurales durante el debate en comisión.

El régimen abarcará exclusivamente rutas provinciales no pavimentadas y dejará afuera los caminos vecinales, cuya jurisdicción corresponde a los municipios.

Según explicó Gallardo, esos 4.600 kilómetros resultan fundamentales no solo para la actividad productiva, sino también para conectar escuelas, hospitales, centros de salud y pequeños parajes del interior provincial.

Cómo funcionarán los Consorcios Camineros

Los consorcios serán personas jurídicas sin fines de lucro y estarán conformados por usuarios, productores agropecuarios, vecinos e instituciones locales. Su funcionamiento quedará bajo la supervisión y el control de Vialidad Provincial.

Entre sus tareas estarán el perfilado de caminos, la limpieza de desagües, el mantenimiento con maquinaria pesada, la reposición de áridos y otras obras destinadas a mejorar la capacidad estructural de los caminos y extender su vida útil.

El financiamiento estará compuesto por los ingresos derivados de trabajos realizados, cuotas de socios, subsidios y otros recursos provenientes de organismos públicos o privados.

Además, los consorcios podrán firmar convenios y recibir un porcentaje de las multas vinculadas con infracciones contempladas por el régimen.

Durante la sesión también se incorporó una modificación relacionada con la explotación agrícola de los márgenes de las rutas. El cambio habilita a Vialidad Provincial a otorgar permisos precarios, aunque quedan excluidas las banquinas, las zonas de seguridad y los cortafuegos.

La oficialista Miriam Serra defendió el proyecto y afirmó que apunta a resolver una necesidad concreta del interior productivo. “Cuando hablamos de caminos rurales, no estamos hablando solamente de caminos”, sostuvo, al vincular su mantenimiento con la producción, el trabajo y la conectividad.

La oposición presentó un proyecto alternativo

El bloque Justicialista no acompañó la iniciativa oficial y presentó una propuesta propia. El diputado Lucas Caymes, miembro informante por la minoría, sostuvo que el proyecto comenzó a elaborarse a principios de año y que constituye una alternativa “superadora”.

Una de las principales diferencias está en la naturaleza jurídica de los consorcios. El PJ propone que sean personas jurídicas de derecho público no estatal, en lugar de entidades privadas sin fines de lucro.

También plantea incorporar los caminos vecinales al régimen, crear un fondo provincial financiado mediante partidas presupuestarias y establecer una estructura integrada por una asamblea, una comisión directiva, una comisión revisadora de cuentas y un responsable técnico.

El proyecto opositor establece además que cada consorcio tenga al menos diez integrantes elegidos en asamblea pública y un veedor estatal, para garantizar la participación del Estado en su conformación.

Durante el debate, el diputado oficialista Walter Córdoba cuestionó que el peronismo haya presentado una propuesta alternativa en esta instancia y sostuvo que hubiera sido preferible que ese proyecto apareciera cuando ese espacio estuvo al frente del Gobierno provincial.

Desde la oposición, Walter Aguilar reclamó declarar la emergencia de todas las rutas provinciales y cuestionó que la iniciativa oficial llegue cerca del calendario electoral.

“Pareciera que, llegando las elecciones, buscan soluciones para todos los sectores”, planteó el legislador, quien también manifestó dudas sobre los eventuales costos que podrían recaer sobre los vecinos.

Silvia Sosa Araujo recordó además que productores habían manifestado durante las reuniones de comisión que llevaban décadas reclamando respuestas para los caminos rurales.

La diputada cuestionó también que el proyecto no contemple disposiciones específicas sobre responsabilidad civil y sostuvo que ya existen experiencias de consorcios y tercerización del mantenimiento de caminos rurales.

Tras el debate, el proyecto del Poder Ejecutivo obtuvo media sanción por 28 votos contra 12. Ahora deberá ser analizado por la Cámara de Senadores de San Luis, donde continuará la discusión sobre el modelo de gestión, financiamiento y control de la red vial secundaria provincial.