Giro en la causa contra exfuncionarios: la Justicia hizo lugar al pedido de las defensas

La jueza de Garantías N° 4 de San Luis, Luciana Banó, resolvió este jueves hacer lugar al planteo presentado por las defensas y declinó su competencia en la causa que investiga a los exministros Claudio Latini, Luciano Anastasi y Ernesto «Pipi» Alí, además de los exintendentes Jeremías Vivas y Mario Canali. Con la resolución, el expediente regresará al Juzgado de Garantías N° 3, cuyo titular es Marcos Flores Leyes, aunque la decisión aún puede ser apelada por el Ministerio Público Fiscal.

El pedido fue formulado por los abogados defensores Cristóbal Ibáñez, Alejandro Cordido, Nedo Gómez y Cecilia Cabello, antes de la audiencia prevista para analizar los pedidos de sobreseimiento. La presentación sostuvo que, tras el regreso de Flores Leyes a la titularidad del Juzgado N° 3, había desaparecido la causal que motivó el apartamiento del expediente, cuando la entonces jueza subrogante Natalia Lazarte Otero se excusó por mantener una relación de vecindad con uno de los imputados.

En su resolución, Banó coincidió con ese planteo y sostuvo que correspondía preservar el principio del juez natural, previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. En ese marco, entendió que el expediente debía regresar al juzgado donde originalmente se radicó la causa.

Ahora será el Ministerio Público Fiscal quien deberá definir si apela la decisión. En caso de que ello ocurra, la cuestión de competencia deberá ser resuelta por una instancia superior antes de que continúe el trámite del expediente.

El abogado Alejandro Cordido, defensor del exintendente de San Francisco del Monte de Oro, Jeremías Vivas, afirmó que el objetivo del planteo fue garantizar la transparencia del proceso.

«Lo que queremos es asegurar el cumplimiento de todas las garantías procesales. El juez natural de esta causa es el Juzgado de Garantías N° 3 y entendemos que esa cuestión no debe quedar sujeta a futuros cuestionamientos», sostuvo.

El letrado también cuestionó el trasfondo de la investigación y consideró que el expediente tiene un componente político. Según expresó, «se terminan discutiendo posiciones u opiniones personales que no se basan en derecho» y advirtió que se estaría vulnerando el principio de inocencia al presentar públicamente a los imputados como culpables antes de una sentencia firme.

Respecto de la situación de su defendido, Cordido sostuvo que los hechos investigados están vinculados a un contrato administrativo y consideró que, en caso de existir alguna controversia, debería tramitarse en la Justicia contencioso-administrativa y no en el fuero penal.

La resolución de Banó no modifica el estado procesal de los imputados, pero sí redefine el tribunal que deberá intervenir en la causa. La continuidad del expediente dependerá ahora de si la Fiscalía decide impugnar la decisión o permitir que el proceso siga su curso ante el Juzgado de Garantías N° 3.