El Senado de San Luis aprobó el RIPEE y pasó a Diputados

El Senado de San Luis aprobó este martes la media sanción del Régimen Integral de Promoción Estratégica de las Empresas (RIPEE), un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial que busca incentivar inversiones privadas y fomentar la creación de empleo mediante beneficios fiscales, subsidios, financiamiento y el uso de inmuebles fiscales para emprendimientos productivos.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del oficialismo y el rechazo de la oposición, luego de un debate marcado por fuertes cuestionamientos políticos, especialmente contra la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.

El senador oficialista Martín Olivero, encargado de presentar el proyecto, dedicó gran parte de su exposición inicial a criticar el manejo de los recursos provinciales durante los últimos años de la administración anterior.

Según Olivero, el crecimiento del empleo público y los programas sociales generaron un «déficit crónico» que afectó las cuentas del Estado provincial. También cuestionó el destino de los fondos obtenidos por San Luis tras el juicio contra el Estado nacional.

El legislador afirmó que durante la gestión de Rodríguez Saá aumentó la cantidad de empleados públicos y beneficiarios de planes sociales, y sostuvo que esas decisiones perjudicaron la estructura económica de la provincia.

Además, acusó al exgobernador de haber dejado compromisos pendientes antes del cambio de gestión y cuestionó una serie de decisiones administrativas tomadas durante los últimos días de su mandato.

Los ejes principales del RIPEE

Luego del tramo político de su discurso, Olivero explicó los cuatro pilares del proyecto: incentivos tributarios, subsidios al empleo, utilización de inmuebles fiscales y herramientas de financiamiento.

En materia fiscal, el régimen contempla beneficios para grandes inversiones y también para pequeñas empresas y comercios. Los proyectos serán evaluados por una comisión que analizará variables como el nivel de inversión, la generación de puestos de trabajo y el impacto económico.

Entre los incentivos previstos figuran exenciones impositivas, créditos fiscales, beneficios para actividades industriales y mecanismos para regularizar obligaciones tributarias.

El segundo eje está vinculado al empleo. El Estado provincial subsidiará durante dos años parte del salario de beneficiarios del Plan de Inclusión Social que sean incorporados al sector privado. El aporte cubrirá el 100% del beneficio durante el primer año, el 75% durante el tercer semestre y el 50% durante el cuarto.

El proyecto también incorpora la posibilidad de utilizar inmuebles fiscales que actualmente se encuentran sin actividad para destinarlos a emprendimientos productivos mediante concesiones, alquileres, comodatos, derechos reales de superficie o venta.

El último eje incluye herramientas financieras como préstamos con tasas bonificadas, subsidios de intereses, fondos de garantía y líneas de financiamiento vinculadas al Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Olivero defendió la iniciativa al considerar que permitirá fortalecer el sector privado, atraer capitales y generar nuevas fuentes de trabajo. «El sector privado es quien debe generar los puestos de trabajo y es el Estado quien debe crear las condiciones», sostuvo.

Críticas de la oposición

El rechazo opositor fue expresado por el senador Hugo Olguín, quien aclaró que su espacio coincide con la necesidad de impulsar inversiones, pero cuestionó el diseño del régimen.

El legislador señaló que existen otros proyectos presentados por el justicialismo para promover sectores productivos que todavía no fueron tratados en la Legislatura.

Entre sus principales objeciones, cuestionó que el RIPEE otorgue beneficios fiscales sin establecer, según su postura, una estimación clara del costo para las cuentas públicas. También criticó la posibilidad de incluir inversiones ya realizadas y la incorporación de beneficios para contribuyentes con incumplimientos.

Uno de los puntos más discutidos fue el uso y venta de inmuebles provinciales. Olguín sostuvo que el proyecto otorga demasiadas facultades al Ejecutivo para disponer del patrimonio estatal sin suficiente control legislativo.

También alertó sobre la posibilidad de acumular beneficios provinciales y nacionales para grandes inversiones, al considerar que podría generar desigualdad frente a pequeñas y medianas empresas locales.

Tras el debate, el RIPEE obtuvo media sanción y ahora continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados de San Luis, donde deberá conseguir la aprobación definitiva para convertirse en ley.