Polémica decisión judicial favoreció al Gobierno por el campo El Caburé
La Justicia de San Luis resolvió mantener provisoriamente el control estatal del campo El Caburé, escenario de una investigación por la desaparición de una cosecha de maíz valuada en unos 2 millones de dólares. La decisión abrió un nuevo capítulo en el conflicto que involucra a funcionarios provinciales.
El juez de Garantías N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Ortiz, decidió mantener vigente la restitución provisoria del campo El Caburé al Estado provincial, en una resolución que reavivó la disputa judicial por el establecimiento ubicado en el departamento Dupuy, San Luis.
La medida se conoció luego de que una jueza civil de San Luis cuestionara semanas atrás la forma en que la administración del gobernador Claudio Poggi tomó posesión del predio y ordenara su devolución a los productores Enrique Vaira y Alejandro Marcelo Ingaramo.
Ortiz consideró que la causa penal por presunta usurpación continúa en etapa de investigación y rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa de Ingaramo y del abogado Alejandro René Viano.
La Fiscalía, encabezada por Leandro Estrada, y la Fiscalía de Estado sostuvieron que el expediente penal debe analizarse por separado del proceso civil y que la resolución de la jueza Fernández Paz todavía no se encuentra firme.
Desde la Justicia aclararon que esta decisión corresponde exclusivamente al expediente por usurpación y que no modifica la investigación vinculada a la desaparición de la cosecha de maíz, que tramita en una causa independiente.
El conflicto por El Caburé comenzó tras la recuperación del predio por parte del Estado provincial y derivó en una investigación por el destino de una cosecha de unas 2.000 hectáreas de maíz, cuyo valor fue estimado en alrededor de 2 millones de dólares.
En esa causa penal están bajo investigación funcionarios y exfuncionarios provinciales. Uno de los principales imputados es Ricardo André Bazla, exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, acusado por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de la producción agrícola del campo.
Además, la investigación alcanzó a otros integrantes de la estructura provincial, entre ellos funcionarios del gobierno de Claudio Poggi y personas vinculadas a la explotación del establecimiento.
La fiscalía sostiene que el proceso de explotación y disposición de la cosecha habría tenido irregularidades administrativas y que parte del debate judicial pasa por determinar qué ocurrió con el maíz producido en el predio.
Mientras tanto, la causa por usurpación avanza hacia una audiencia de control de acusación, paso previo a un eventual juicio oral. La defensa de Viano adelantó que apelará la resolución ante un Tribunal de Impugnaciones.
