La Justicia extendió por 90 días la prisión preventiva de Nicolás Michel Pérez
La Justicia de San Luis prorrogó por 90 días la prisión preventiva de Nicolás Michel Pérez, acusado de cometer 19 estafas mediante un presunto esquema piramidal vinculado a la compra de celulares. La causa continúa con pericias contables, análisis financieros y nuevas medidas de prueba.

La Justicia de San Luis prorrogó por 90 días la prisión preventiva de Nicolás Michel Pérez, imputado por 19 hechos de estafa reiterada bajo la modalidad de esquema piramidal o Ponzi. La investigación sostiene que el acusado captó dinero de al menos 19 personas entre 2024 y enero de 2026 con la promesa de obtener ganancias mediante la compra y venta de teléfonos celulares de alta gama.
La medida fue dispuesta por la jueza de Garantía N.º 1 subrogante durante la feria judicial, Agustina Dopazo Samper, durante una audiencia solicitada por la Fiscalía de Instrucción N.º 1, representada por la fiscal subrogante Débora Roy Gitto.
El Ministerio Público Fiscal había pedido extender la medida de coerción por 120 días, mientras que la defensa del imputado, a cargo de la defensora Oficial en lo Penal N.º 3, Cecilia Cabello, solicitó que se rechazara la prórroga y que Pérez recuperara la libertad.
Según la acusación, el imputado ofrecía inversiones vinculadas a la supuesta intermediación en la compra de celulares de alta gama, prometiendo importantes rendimientos económicos en poco tiempo. Para ello recibía dinero en pesos, dólares y también mediante billeteras virtuales.
La Fiscalía sostiene que, tras cumplir inicialmente con algunos pagos para generar confianza entre los inversores, Pérez dejó de responder a los reclamos, cerró sus redes sociales y se trasladó a la ciudad cordobesa de San Francisco.
La investigación identifica hasta el momento a 19 personas damnificadas y aún restan medidas de prueba consideradas clave para el avance de la causa.
Entre ellas figuran una pericia contable destinada a determinar el perjuicio económico total, informes solicitados a entidades financieras, análisis de dispositivos electrónicos secuestrados y nuevas declaraciones testimoniales.
Al fundamentar el pedido de prórroga, la fiscal Roy Gitto sostuvo que persisten riesgos procesales, principalmente de fuga y de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, remarcó que el acusado no posee arraigo en San Luis y que todavía resta analizar información financiera y digital de relevancia para la causa.
La defensa, en cambio, argumentó que no existen elementos que justifiquen mantener la prisión preventiva. Señaló que Pérez tiene domicilio conocido en San Francisco, donde residen sus padres, que no posee pasaporte y que las pruebas pendientes corresponden principalmente a pericias técnicas que no podrían ser alteradas por el imputado.
Al resolver, la jueza recordó que el Tribunal de Impugnación ya había considerado acreditado el riesgo de fuga al revocar una resolución anterior que rechazaba la prisión preventiva y ordenar su cumplimiento.
Sin embargo, entendió que el plazo de 120 días solicitado por la Fiscalía resultaba excesivo, debido a que todavía no existe una fecha prevista para la realización de la pericia contable.
Por ese motivo, hizo lugar parcialmente al pedido y extendió la prisión preventiva por 90 días, plazo que consideró suficiente para avanzar con las diligencias pendientes y permitir que la investigación continúe hacia la siguiente etapa procesal.
