Escala el conflicto en San Luis: el PJ habló de corrupción y represalias

El bloque de concejales justicialistas de la ciudad de San Luis volvió a cargar contra la gestión del intendente Gastón Hissa y denunció un presunto caso de corrupción vinculado al pago con fondos municipales de facturas de energía eléctrica correspondientes al complejo deportivo privado «Suela 13», propiedad de la presidenta del Concejo Deliberante, Laura Sánchez. En un comunicado difundido este lunes, los ediles también denunciaron una supuesta «persecución» y «represalias» luego de haber presentado la denuncia penal ante la Justicia.

Bajo el título «La corrupción no se tapa con persecución ni represalias», el bloque ratificó la presentación judicial que involucra, además de Sánchez, al intendente Hissa, a la secretaria General del Municipio, Fabiana Malamud, y a la funcionaria de la Subsecretaría de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, Andrea Bustos Lucero.

Según el comunicado, la Municipalidad habría utilizado recursos públicos para afrontar facturas de EDESAL correspondientes al emprendimiento privado, lo que calificaron como «un desfalco de varios millones de pesos».

Los concejales cuestionaron además que la administración municipal haya sostenido un discurso de austeridad mientras, según afirman, destinó fondos públicos para cubrir gastos de un establecimiento privado.

«Resulta inadmisible que un municipio que sistemáticamente ha incrementado las tarifas y realizó despidos y recortes en nombre de la austeridad haya abonado con fondos públicos facturas de EDESAL de un complejo deportivo privado», señalaron en el documento.

El presidente del bloque justicialista, Juan Martín Divizia, sostuvo que la respuesta del oficialismo tras la denuncia fue intentar «disciplinar» a quienes impulsaron la investigación.

«Hicimos una denuncia por sospecha de corrupción sobre un emprendimiento privado de Laura Sánchez. Denunciamos a ella, a dos funcionarias más y al intendente Hissa. La respuesta del oficialismo fue básicamente un apriete legal contra un integrante de nuestro bloque», afirmó.

El concejal agregó que la presunta maniobra involucraría «millones de pesos» y aseguró que el espacio continuará impulsando el esclarecimiento del caso.

«No nos van a callar. No aceptamos maniobras de disciplinamiento político. Estamos ejerciendo nuestras funciones y vamos a seguir trabajando», expresó.

El comunicado fue difundido pocos días después de que el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial dictara una medida cautelar de restricción de acercamiento y contacto por 180 días contra el concejal Andrés Russo, a raíz de una denuncia presentada por Laura Sánchez. La resolución le prohíbe acercarse a la presidenta del Concejo Deliberante y mantener cualquier tipo de contacto directo o indirecto con ella, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial.

El enfrentamiento entre Russo y Sánchez se remonta a diciembre de 2023, cuando la edil abandonó el bloque por el que había sido electa para conformar un espacio unipersonal y posteriormente alinearse con el oficialismo, movimiento que permitió al sector obtener la mayoría en el Concejo Deliberante.

Por su parte, la Municipalidad rechazó las acusaciones. La secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, aseguró que el suministro eléctrico cuestionado correspondía a un inmueble alquilado durante la gestión del exintendente Sergio Tamayo y sostuvo que el Ejecutivo ya había iniciado el trámite para dar de baja el medidor y modificar la titularidad antes de que se presentara la denuncia penal.

Hasta el momento, ni el intendente Gastón Hissa, ni Laura Sánchez, ni las demás funcionarias mencionadas realizaron declaraciones públicas sobre las nuevas acusaciones formuladas por el bloque justicialista.

La investigación continúa en la Justicia provincial, que deberá determinar si existió un uso irregular de fondos municipales y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados.