Prorrogan la investigación en la causa de la “mafia de las escrituras”

La jueza de Garantía N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Luciana Banó, resolvió este martes prorrogar por 131 días la Investigación Penal Preparatoria en la causa conocida como la “mafia de las escrituras”, que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la apropiación fraudulenta de inmuebles en distintos puntos de la provincia.

La medida alcanza a Salvador Presti, uno de los imputados en el expediente, y también incluye la extensión de las medidas cautelares vigentes, entre ellas la obligación de firmar mensualmente el libro de imputados y la prohibición de salir de la provincia. En cuanto a la inhibición general de bienes, la magistrada dispuso su mantenimiento por 180 días.

La audiencia fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 1, encabezada por el fiscal Francisco Assat y la fiscal adjunta Ornella Costa, con la participación de querellantes, representantes de Fiscalía de Estado y la defensa del imputado.

Durante la exposición, el Ministerio Público Fiscal argumentó que aún restan producir medidas de prueba consideradas clave para el avance de la investigación, entre ellas pericias caligráficas sobre documentación vinculada a presuntas maniobras de compraventa y otros instrumentos incorporados al expediente.

Según la hipótesis fiscal, Presti habría intervenido en una maniobra relacionada con la presunta apropiación ilegítima de un inmueble rural de gran extensión ubicado en la zona de Vallecitos.

El pedido de prórroga buscó además unificar los plazos procesales con el resto de los imputados, cuyo vencimiento está previsto para noviembre de 2026, según se informó durante la audiencia.

La Fiscalía sostuvo que la extensión del plazo permitirá finalizar las pericias pendientes y reunir los elementos probatorios necesarios para determinar si corresponde avanzar hacia la elevación a juicio.

La querella y la Fiscalía de Estado adhirieron al pedido del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa no presentó oposición a la solicitud.

Al momento de resolver, la jueza Banó hizo lugar al planteo y prorrogó la investigación por 131 días, además de mantener las restricciones vigentes. En el caso de la inhibición de bienes, fijó su continuidad por el plazo de 180 días conforme a la normativa aplicable.

Qué se investiga en la causa

La investigación se centra en un presunto entramado delictivo vinculado a la apropiación ilegítima de inmuebles mediante maniobras que incluirían documentación presuntamente falsa y la utilización de procesos judiciales para obtener transferencias de propiedad.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados habrían actuado de manera coordinada en un esquema sostenido en el tiempo, con roles distribuidos para concretar distintas operaciones inmobiliarias.

Entre los mecanismos investigados se mencionan la presentación de contratos y certificaciones supuestamente irregulares, así como la utilización de domicilios falsos o controlados, lo que habría permitido avanzar en los procesos judiciales sin notificación a los titulares legítimos.

Esto derivaba, según la fiscalía, en declaraciones de rebeldía y resoluciones que facilitaban la inscripción de los inmuebles a nombre de los acusados en el Registro de la Propiedad.

La causa, que lleva más de tres años de investigación, es considerada de alta complejidad por la cantidad de imputados y el volumen de operaciones bajo análisis, además del presunto impacto económico de las maniobras investigadas.