Denuncian a la jueza Fernández Paz y piden su destitución

La fiscal de Estado de la provincia, Fabiana Zárate, presentó este martes una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la jueza del Juzgado Civil, Comercial y Ambiental N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, Cynthia Fernández Paz, a quien acusa de presunto mal desempeño y solicita su destitución.

La presentación también pide la suspensión preventiva de la magistrada mientras avance el proceso. Según el escrito, Fernández Paz habría incurrido en “desconocimiento inexcusable y grave del derecho”, “incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo” y “graves irregularidades” que habrían afectado el normal funcionamiento del Poder Judicial.

El planteo se origina en una resolución dictada en una causa ambiental iniciada por la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani contra el Gobierno provincial y otros demandados. Allí, la Fiscalía de Estado cuestiona la regulación de honorarios dispuesta por la jueza, a la que considera arbitraria y desproporcionada.

De acuerdo con la denuncia, la magistrada calificó el expediente como de “monto indeterminado”, pero luego le asignó un valor equivalente a 93.000 Jus, lo que —según la presentación— superaría los $3.900 millones a valores actuales. A partir de esa base se habrían regulado honorarios que rondarían los $600 millones para cada abogado interviniente.

La fiscalía sostiene que esa decisión implicaría un apartamiento de la normativa vigente y de la jurisprudencia aplicable, además de generar un posible perjuicio para las finanzas provinciales y un impacto en la confianza pública sobre el sistema judicial.

También se solicitó la suspensión preventiva de Fernández Paz durante el trámite del expediente, al advertir que el Estado provincial interviene en múltiples causas bajo su jurisdicción.

Tras conocerse la denuncia, el gobernador Claudio Poggi respaldó públicamente la presentación a través de su cuenta de X, donde calificó la regulación de honorarios como “estrafalaria, desmedida y grotesca” y cuestionó el impacto económico de la resolución judicial.

Poggi afirmó que el accionar atribuido a la jueza “atenta contra el bienestar de los sanluiseños” y sostuvo que corresponde su enjuiciamiento dentro del marco institucional. También consideró que el Jurado de Enjuiciamiento debe actuar con celeridad para analizar el caso.

La denuncia quedó ahora en manos del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá definir si abre formalmente el proceso contra la magistrada.