Elevan a juicio una causa por presuntos delitos sexuales contra un menor
La Justicia resolvió elevar a juicio una causa en la que una mujer está acusada de presuntos delitos contra la integridad sexual de su hijo menor de edad. La Fiscalía de Género N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial solicitó una condena de 20 años de prisión efectiva en caso de que la imputada sea hallada culpable durante el debate oral.
El pedido fue formulado por la fiscal Delia Bringas y la fiscal adjunta Marisol Boschi durante una audiencia realizada ante la jueza de Garantía N.º 2, Agustina Dopazo Samper. La acusada, cuya identidad no se difunde para preservar los derechos del menor involucrado, permanece detenida con prisión preventiva desde el inicio de la investigación.
La causa se originó en septiembre de 2024 a partir de una denuncia presentada por la madre de un compañero de escuela del niño. A partir de ese momento, la Fiscalía impulsó una serie de medidas investigativas que incluyeron allanamientos, pericias tecnológicas, análisis de dispositivos electrónicos y recolección de testimonios.
Según la acusación, los hechos investigados habrían ocurrido cuando la víctima tenía 11 años y se desarrollaron en el ámbito de convivencia familiar. La Fiscalía sostiene que existieron conductas que vulneraron la integridad sexual del menor y que también se habrían generado y distribuido registros audiovisuales vinculados al niño mediante dispositivos electrónicos.
Durante la investigación fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados relevantes para el expediente. Además, se incorporaron informes psicológicos y psiquiátricos, pericias técnicas, evaluaciones profesionales sobre la víctima y la declaración del menor realizada mediante Cámara Gesell.
La imputada está acusada por los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente; corrupción de menores agravada por el vínculo y la edad de la víctima; y producción y distribución de representaciones de partes genitales de menores de edad con fines sexuales, también agravada por la edad de la víctima.
Durante la audiencia, la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces adhirió al planteo de la Fiscalía. El organismo destacó la gravedad de los hechos investigados, la situación de vulnerabilidad del adolescente y la relación de parentesco existente con la acusada. Asimismo, informó que el menor se encuentra actualmente bajo guarda provisoria de sus abuelos maternos por disposición de la Justicia de Familia.
Por su parte, la defensa solicitó la nulidad de la acusación al considerar que durante la investigación se habrían vulnerado garantías vinculadas al derecho de defensa y al debido proceso. Los abogados sostuvieron que la pesquisa se concentró exclusivamente en la imputada y que no se profundizó sobre otras personas mencionadas durante la investigación.
La Fiscalía rechazó esos argumentos y afirmó que la defensa tuvo acceso a la totalidad de las pruebas incorporadas al expediente. En la misma línea se pronunció la Defensoría de Niñez, que solicitó priorizar el interés superior del niño.
Finalmente, la jueza Dopazo Samper rechazó el planteo de nulidad al entender que no se acreditó una afectación concreta de las garantías constitucionales invocadas por la defensa. En consecuencia, admitió la acusación fiscal, aceptó la prueba ofrecida por las partes y ordenó la elevación de la causa a juicio.
Ahora será el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial el encargado de fijar la fecha del debate oral y determinar qué tribunal llevará adelante el proceso.
