El acuerdo entre el Gobierno de San Luis y la administración de Javier Milei para gestionar un tramo de la Ruta Nacional 7 generó un fuerte rechazo por parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, que lo calificó como “ilegal, inconstitucional e inoportuno”.
La entidad cuestionó el decreto que habilita a ocho provincias —entre ellas San Luis— a hacerse cargo del mantenimiento de rutas nacionales mediante el cobro directo de peajes, una medida que definió como un proceso de “provincialización”.
Uno de los principales puntos de crítica es que la disposición no contempla una transferencia presupuestaria desde el Estado nacional, lo que, según el organismo, viola principios constitucionales básicos como la legalidad, la razonabilidad y el federalismo.
“Es inconcebible que el Estado Nacional abandone su obligación de mantener en condiciones la Red Vial Nacional”, señalaron, al tiempo que denunciaron un uso indebido de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.
Además, advirtieron que el cobro de peajes en estas condiciones podría funcionar como un “impuesto encubierto” y alertaron sobre posibles consecuencias negativas en la seguridad vial, las economías regionales y la logística productiva.
El acuerdo incluye el traspaso de un tramo de la Autopista de las Serranías Puntanas, cuya concesión actual vence en tres años. Según lo pactado, la provincia podría extender la concesión por 30 años más y luego avanzar con una licitación internacional para ejecutar obras de reparación.
La negociación fue impulsada por el gobernador Claudio Poggi ante el Gobierno nacional, en un contexto de redefinición del rol del Estado en la gestión de la infraestructura vial.
El debate abre un nuevo foco de tensión sobre el futuro de las rutas nacionales y el esquema de financiamiento para su mantenimiento.
